Víctor Ferrigno F.
El lunes pasado, en Honduras, la justicia avanzó un paso importante por la condena contra David Castillo Mejía, ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como coautor del homicidio de la ambientalista y dirigente del Pueblo Lenca, Berta Cáceres, en marzo de 2016. A las puertas de la Corte Suprema de Justicia, sus compañeros y compañeras de lucha conmemoraron la sentencia con una ceremonia ancestral, al grito de ¡Berta no murió, Berta se hizo millones! para connotar cómo su ejemplo de lucha inclaudicable ha calado en la conciencia de miles de defensores de la tierra, el agua y la libertad.
Dirigidos por Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), los indígenas lencas se han opuesto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que afectaría al río Gualcarque, un afluente sagrado para los lencas, y una fuente importante de recursos para varias comunidades indígenas del occidente de Honduras.
Berta logró movilizar a los lencas, tejer alianzas con otros sectores sociales, demostrar judicialmente las ilegalidades del proyecto, y consiguió el reconocimiento internacional por su lucha ambientalista, por lo que le fue otorgado el Goldman Enviromental Prize, el galardón más prestigioso en la lucha ambientalista.
Ante la recia resistencia social levantada contra la hidroeléctrica Agua Zarca, y la imposibilidad de derrotar a los lencas en los ámbitos judicial y ambiental, Berta fue asesinada en marzo de 2016. Su hija, Berta Zúñiga, insiste en que directivos de DESA autorizaron el asesinato de su madre.
Siete autores materiales han sido condenados hasta ahora, pero en esta ocasión se incluyó a un alto directivo de DESA. En su sentencia, el órgano jurisdiccional tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como con los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la dirigente lenca. Las comunicaciones evidenciaron que Castillo jugó un papel central en la definición de los planes, en la logística y en el pago por el asesinato de Berta.
David Castillo, un ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño, entrenado en Estados Unidos, era el Presidente Ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) cuando Berta Cáceres fue asesinada. Fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras. En la parte conclusiva de su sentencia, la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar el movimiento de resistencia para detener la construcción de la presa.
La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.
Berta Zúñiga Cáceres, hija de la víctima, valoró la sentencia del pasado lunes como una “victoria popular y un paso para frenar la impunidad”. En su opinión “el fallo significa que las estructuras de poder no lograron corromper la justicia” y anunció que “la causa no termina con esta resolución, sino que se encamina para llevar ante la justicia a la familia Atala”.
Al conocer la sentencia, Berta Zúñiga recordó que uno de los reclamos de los indígenas lencas es “la cancelación de la construcción de la hidroeléctrica, así como desmontar las redes crimínales que han quedado expuestas durante el juicio a Castillo”.
Para Víctor Fernández, abogado de la familia Cáceres, la sentencia “supone una importante victoria ya que se logró reconstruir el asesinato, señalar a los culpables, evidenciarlos y llevarlos ante la justicia. La exigencia de justicia no es solo por Berta Cáceres sino por la muerte de un sinnúmero de activistas asesinados por este modelo económico y social extractivo que lleva años repartiéndose el país”, señaló con justa razón.
Somos legión quienes aprendimos a querer a Berta por su humanismo, por sus convicciones y luchas inclaudicables, y sin temor a equivocarnos reafirmamos que ¡Berta no murió, Berta se hizo millones!
