Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Víctor Ferrigno F.

En solidaridad con Miguel Ángel Gálvez, juez probo y demócrata irreductible.

El Pacto Criminal que nos tiene sojuzgados avanza en la construcción de su reino de impunidad y corrupción, hasta que la ciudadanía lo frene. El lunes pasado se publicó la tercera edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), en el cual Guatemala se posicionó en el puesto 13 de los 15 países evaluados en el continente, ubicándose como el tercer peor Estado en el combate a la corrupción.

La Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas, en colaboración con Control Risks, la empresa de consultoría especializada en riesgos globales, crearon un índice para medir la capacidad para combatir la corrupción de cada país evaluado. En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción. Los Estados con un puntaje más alto tienen mejores condiciones institucionales y políticas para perseguir y condenar a quienes fomentan y practican la corrupción.

En opinión de Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, “El Índice muestra en detalle cómo la ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente (como en Guatemala). Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras el COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región».

Señalan los autores que el Índice CCC examina 14 variables clave, como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco. El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción de Control Risks, del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación y del sector privado. Por segundo año consecutivo, el índice abarca 15 países, que en conjunto representan casi el 95% del PIB de América Latina.

En dos platos: empeoramos en la lucha contra la corrupción, lo cual es el resultado de la cooptación del aparato estatal, incluido el Sistema de Justicia, que ha logrado el pacto de políticos corruptos, empresarios venales y militares genocidas que, envalentonados, acosan al Juez Gálvez, quien tiene a su cargo el caso del Diario Militar.

De igual manera la han emprendido contra la jueza Erika Aifán, y contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, quienes se mantienen indoblegables en la lucha contra la impunidad, en compañía de un puñado de operadores de justicia que no se han corrompido.

Esta es la tercera edición del Índice CCC, que muestra cómo Guatemala ha retrocedido en la lucha contra la corrupción y la impunidad desde 2019, en la medida que las mafias cooptan al Estado y la ciudadanía se mantiene aletargada.

Entre otros indicadores, el Índice CCC mide la capacidad de movilización de la sociedad civil contra la corrupción, las mejoras en la educación, la calidad de la prensa y del periodismo de investigación, y la independencia de las comunicaciones digitales y redes sociales. En todos estos factores tenemos un gran déficit ciudadano.

Los corruptos les roban a nuestros niños el pan, la educación, la salud y, ante todo, la esperanza de un futuro con dignidad y justicia social. Por eso migran hacia el norte, solos, ayunos de futuro, cansados de esperar que los adultos salgamos a la calle a reclamar lo que es nuestro: la libertad, la democracia, la justicia social y la libre determinación. ¡Ya es hora compatriotas!

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