Sergio Penagos
Con la perspectiva del cambio de Junta Directiva del IGSS, se ha desatado un temor a la privatización de este modelo de seguridad social falsamente declarado autónomo. «Carlos Contreras Solórzano, manifestó en declaraciones recientes que del portafolio de inversiones de Q42 mil millones del IGSS, 32% está invertido en títulos del Banguat, 36% en títulos del Ministerio de Finanzas y 32% en sistema bancario. Dice con orgullo que las reservas del seguro social están financiando el desarrollo del país, el tipo de cambio, el gasto público [y] el desarrollo de empresas». En realidad, «Se está financiando la intervención monetaria del banco central, puro papel, y el gasto deficitario del gobierno. Se Viola el primer mandamiento de un portafolio de inversión; la diversificación. El solo hecho que 68% de las reservas del IGSS están invertidas en títulos de gobierno, es elocuente sobre la politización de la institución. El papel del IGSS no es financiar el déficit del gobierno ni la política monetaria del Banguat. La desmonopolización del IGSS abriría inmensas posibilidades, aprovechando la descentralización de conocimientos y capacidades, sometiendo la calidad a la soberanía de la preferencia del consumidor, en este caso, los trabajadores» (Fritz Thomas, Prensa Libre, 3/06/21). Este es el cordón umbilical que el Gobierno no quiere cortar para seguir piñatizando el IGSS, lo que perdería al privatizarlo de manera unilateral, como ocurrió en Chile en 1981. Es recomendable estudiar la experiencia chilena para tener un adecuado marco de referencia.
El gobierno de Sebastián Piñera se encontraba en una grave crisis desde mucho antes de las elecciones del 15 y 16 demayo de este año. Los malos tiempos para el Ejecutivo arrancaron con las revueltas populares de octubre de 2019, que llevaron al conjunto de la clase política chilena a plantearse el camino constituyente como única forma de canalizar el descontento que hizo tambalearse a la democracia en Chile. La frase simbólica que se instaló en las protestas de 2019: no son 30 pesos sino que 30 años de injusticias, se hace realidad luego de estas elecciones. «Chile cambió y probablemente será un país distinto después de este fin de semana», dice a BBC Mundo Roberto Isikson, director de Cadem, una empresa de estudios de mercado y opinión pública chilena.
«La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con la demandas y con los anhelos de la ciudadanía y estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y por nuevos liderazgos», dijo Piñera cuando los resultados de las elecciones del 15 y 16 de mayo se hicieron públicos. «Y el gobierno sin duda tiene mucha responsabilidad. Hay una alta correlación entre la aprobación presidencial, que se encuentra en un lugar muy bajo, y los resultados electorales», explica Isikson, al señalar que los factores determinantes en el rechazo a la administración de Piñera tienen que ver con cómo manejó el estallido social, su oposición al retiro de las pensiones (una iniciativa altamente popular) y la percepción de que el Gobierno nunca llegó con la ayuda necesaria para enfrentar la pandemia de coronavirus, entre otras cosas. Terrible coincidencia con Guatemala.
La reconfiguración del mapa político se explica en gran parte por el fuerte estallido social que irrumpió en Chile en octubre de 2019, cuando la gente salió a las calles a protestar contra el sistema político y económico. Particularmente contra el criminal e injusto sistema de privatización del SSS (Sistema de Seguridad Social), implementado por la dictadura de Pinochet. El rechazo fue aumentando cada vez más y una primera señal de aquello fue lo que sucedió en octubre del 2020, cuando casi el 80 % de los votantes decidió cambiar la Carta Magna a través de una convención que no incluiría a miembros del Parlamento ni del Gobierno. En la convención constituyente se reemplazará la carta fundamental actual y se redefinirá Chile. En la primera de las dos preguntas planteadas en el plebiscito, ¿Quiere usted una nueva constitución?, el «apruebo» ganó con 78.27 % frente al 21.73 % del «rechazo». En la segunda interrogante, ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución?, los chilenos optaron por una convención constitucional que estará formada por 155 ciudadanos elegidos en su totalidad por voto popular. Postulantes independientes y ajenos a los partidos políticos tradicionales fueron los grandes triunfadores de la Convención. Lista del Pueblo, que surgió en las protestas de la Plaza Italia, obtuvo 24 escaños. «Somos quienes hemos vivido y crecido en la inequidad y la desigualdad, somos quienes nos levantamos un 18 de octubre (de 2019) para decir basta». Considero que influyeron grandemente las palabras del presidente mártir: «Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor».