Samuel Flores
En el marco de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala, la juramentación de José Adolfo Flamenco Jau, a la Presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, pasa inadvertida.
Sin embargo, el nuevo presidente del Seguro Social debe fortalecer el respeto a la institucionalidad y a la Autonomía. Debe velar por el cuidado del Fondo de Pensiones, que constituye el ahorro de millares de trabajadores, cuyo saldo, a mayo 2019, el monto de las reservas técnicas asciende a Q41 mil 737 millones, con un portafolio de inversiones que se sitúa en Q42 mil 312 millones.
De acuerdo con el Análisis de Comportamiento de la Afiliación y Masa Salarial, a finales de 2019 somos un millón, 350,821 afiliados cotizantes al régimen de Seguridad Social.
Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 1-2019, la Población Económicamente Activa (PEA) registró siete millones, 114,935 de personas, de las cuales el IGSS cubrió al 19%.
Con todo y las deficiencias en la atención que los afiliados reciben, burocracia constante, y otras incomodidades, durante los 15 meses de restricciones fijadas para la contención de la pandemia por COVID-19, miles de afiliados no dejaron de recibir su medicina en casa. Además, aunque por montos pequeños, millares de afiliados reciben su jubilación y la institución deberá atender las futuras solicitudes de jubilación de trabajadores próximos a su retiro.
Una de las acciones fundamentales que debe ejecutar Flamenco Jau será centrarse en negociar la deuda acumulada del Estado, estimada en Q43,810 millones, cuantificada desde 1956. Los mayores deudores al Seguro Social son instituciones de Gobierno, más de 250 municipalidades, Iniciativa privada.
Cabe recordar que históricamente, miembros de la Junta Directiva del IGSS entre los años 2002-2004; y 2015, cometieron desfalcos, fraude, malversación de fondos, y lavado de dinero por cientos de millones de quetzales, en perjuicio de los afiliados.
Entre los años 2002-04, el IGSS afrontó un desfalco por Q350 millones, en el que estuvo involucrado Gustavo Adolfo Herrera, y 31 personas más, entre los que destaca el exgerente, César Sandoval Morales, el expresidente de la Junta Directiva, Carlos Wohlers, y otros miembros, quienes afrontaron procesos judiciales.
Además, en el 2015, los ex miembros de la Junta Directiva de la institución tales como Juan de Dios de la Cruz Rodríguez, y otros, cometieron fraude al adjudicar un contrato por Q116 millones a la entidad Pisa, una empresa sin experiencia en atención a pacientes renales, sin médicos, sin infraestructura, ni centro de diálisis. Por esa adjudicación perecieron más de 40 pacientes renales graves afiliados al IGSS.
Es indudable que el Gobierno actual y la iniciativa privada tiene interés en el manejo de los recursos de la institución, sin embargo, las actuales autoridades deben proteger esa conquista social que beneficia a miles de trabajadores en diferentes programas.
