Sandra Xinico Batz
Guatemala es un país hostil para las mujeres, la violencia se encarna cotidianamente en nuestra contra y esta se intensifica al tratarse de mujeres racializadas; el racismo y el patriarcado son dos herencias coloniales, que han sido pilares (fundacionales) del Estado-nación, lo cual ha determinado su accionar de desprecio y de violencia sistemática, que se refleja en los niveles de empobrecimiento y desigualdad, provocados a las mujeres de pueblos originarios por su origen nativo.
La Guatemala misógina-colonial que hoy conocemos, es el resultado de una construcción histórica, en la que se ha atentado constantemente contra la vida e integridad de las mujeres, con fines de control y dominio, es por ello que, no podremos comprender lo que actualmente vivimos si no conocemos o reconocemos el pasado en el que se ha venido forjando el presente. Por esto, la justicia es fundamental, porque implica un compromiso de no repetición, que requiere de la memoria colectiva para garantizar que los delitos cometidos no vuelvan a ocurrir y que socialmente estos no serán olvidados, porque en eso radica el aprender de la historia para no repetirla.
La lucha de las mujeres achi’ por la justicia, ha demostrado una vez más, la responsabilidad del Estado en el genocidio cometido en contra de los pueblos originarios y ha evidenciado las dificultades que implica para las mujeres mayas acceder a la justicia, que ha tardado más de 35 años en hacerse “efectiva”, un proceso que ha sido impulsado por las mismas mujeres y por su valentía de romper el silencio, de nombrar los horrores a las que fueron sometidas por años.
Por supuesto que una sentencia no es suficiente y más cuando esta demora tanto, pero es innegable su importancia simbólica, porque haber llegado hasta aquí implicó una batalla que no cesa con la finalización de un juicio, sino que es un precedente que reconoce que la violencia sexual ejercida en contra de las mujeres de pueblos originarios durante el Conflicto Armado Interno, no fue un hecho aislado, sino intencionado para deshacer la vida de las mujeres y por ende la de sus comunidades, que la violencia sexual es un instrumento del genocidio, porque atentar contra la vida e integridad de las mujeres es atentar contra la vida de todo un pueblo, de su futuro, de su permanencia o existencia. Las mujeres achi’ fueron concebidas como enemigas del Estado, que debían ser aniquiladas y esto no necesariamente implicó una muerte instantánea, sino perversamente una aniquilación lenta y prolongada de su ser social y político.
