Tercera parte
El desarrollo de los ricos es el empobrecimiento de los pueblos. Las comunidades saben que la destrucción del entorno puede llegar a ser irreversible y que eso no se compondrá con las miserias que el extractivismo deja, porque en el extractivismo los pueblos siempre llevarán las de perder, el Estado funciona como un instrumento, la maquinaria que echa a andar la violencia, que arremete y es despiadada contra los pueblos.
Han sido siglos y décadas de extracción; junto con lo que se extrae (a la fuerza) de la tierra, del entorno natural, también se expolian conocimientos y prácticas. Explotar, explotar, explotar. Imponer un megaproyecto implica un proceso que trastoca el tejido comunitario, que, por ende, perturbará los distintos ámbitos de la vida social, política y económica de un pueblo.
Se impone una visión engañosa del “desarrollo”, porque las empresas jamás advertirán a las comunidades de las verdaderas consecuencias que traerá la instalación de un proyecto extractivo, se provocan intencionadamente resquebrajamientos entre comunidades y entre las personas que las habitan, para evitar la resistencia y las articulaciones. Han provocado que comunidades, que vecinas y vecinos, se vuelvan enemigas, enemigos; se incita al rompimiento de los vínculos sociales y políticos entre las comunidades, para evitar alianzas entre ellas. ¿A caso, provocar todo esto contra una cultura para arrebatarle la tierra y las riquezas que en ella subyacen, no es genocidio?
Se busca acorralar a las comunidades, intencionadamente irrumpen con violencia en sus territorios, con prácticas que también fueron utilizadas durante el Conflicto Armado Interno, se recurre al miedo; el sistema está tan corrompido y es tan desigual que la justicia es inaccesible para los pueblos originarios. Durante las tres semanas que ha durado el Estado de Sitio en El Estor, se han dado retenciones y capturas ilegales, se han allanado viviendas, el hostigamiento no cesa y es evidente que la fuerza pública ha servido para dejar paso libre a la mina. El problema es el modelo entero, es el Estado colonial, es esta democracia racista.
En El Estor continúan al asedio de quienes han estado luchando para defender su territorio y la naturaleza; se han ensañado contra las y los periodistas comunitarios, a quienes hostigan, desprestigian y acosan porque su labor ha sido fundamental para que se conozca las formas en que el Estado sigue dispuesto a favorecer a las grandes empresas.
Es la institucionalización de la violencia para reprimir con total impunidad a las comunidades y criminalizarlas, la forma premeditada en que el Ministerio Público actúa en contra de los pueblos originarios es prueba de ello. El 10 de noviembre, dos mil agentes de la Policía Nacional Civil fueron desplegados en las comunidades de Pancoc, los Encinos, Tamaxaque y Pampa en Purulhá, Baja Verapaz (información de Prensa Comunitaria) y nuevamente la policía atacó a la población con bombas lacrimógenas para ejecutar un desalojo. Violentan y agreden amparados en las leyes, por supuesto que esto no es gratis, una parte de ese dinero ensangrentado de las empresas extractivas sirve para pagarlo.
