Samuel Flores

Periodista, fotógrafo y catedrático universitario, interesado en la recuperación de la memoria histórica del periodismo en Guatemala. Comprometido con la formación académica de la juventud mediante la investigación, verdad y justicia. Opositor a la corrupción, despilfarro y excesos cometidos por los gobernantes y funcionarios que se han enriquecido a base de la pobreza extrema de la población principalmente en el área rural.

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El despojo “material” de tierras y agua continúa latente en Guatemala, mediante la explotación que realizan empresas que se dedican a la exploración y explotación de petróleo, monocultivos, minería, y actualmente, cimientos de gas natural en áreas protegidas ubicadas en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. Estas son parte de las denuncias que diversas organizaciones indígenas y campesinas expusieron al relator especial de Pueblos Indígenas de la ONU, José Francisco Cali Tzay, en una reunión sostenida recientemente en Cobán, Alta Verapaz.

Los efectos de la explotación que practican empresas dedicadas a proyectos extractivos, de palma y de minería, incide directamente en la vida de las mujeres, niños, adultos de la tercera edad, por el desvío de ríos, contaminación de fuentes hídricas, despojo de tierras para cosechar sus huertos y hierbas.

También denunciaron un despojo “inmaterial” mediante el acaparamiento de tierras ubicadas en lugares sagrados al romper la relación de las comunidades indígenas con la energía que emana de los cerros, los valles; principalmente en la pérdida de la identidad cultural y espiritualidad de los pueblos originarios que consideran sagrada el agua.

Otro tipo de violencia identificada en Raxruhá, Alta Verapaz, son ataques contra las personas por mantener su diversidad sexual y de género, persecución y criminalización de defensoras y defensores del ambiente, así como temor de las familias que denuncian la violación a sus derechos.

Criminalización, persecución, encarcelamiento, y desplazamiento forzoso de sus tierras, son algunas de las consecuencias que afrontan los pueblos indígenas en la actualidad, y que ha identificado la relatoría en Guatemala, y en la mayoría de países de Latinoamérica.

El derecho a la Libre Determinación de los Pueblos, Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada; Derecho a Identificarse como Pueblos Indígenas, Derecho a sus Tierras y Territorios; Derechos a Tener su Propia Cultura y hablar su propio Idioma; son de los más violentados en el país, según análisis de esa Relatoría.

Las comunidades y organizaciones Indígenas de San Cristóbal, Movimiento Social del Ixcán, Mamá Maquín, Movimiento Nacional de Tejedoras, el Comité de Unidad Campesina, CUC; Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana´ Ch´och, Asecsa, Redsag, Fundación Guillermo Toriello, Asociación Civil Verdad y Vida, Organización Ixmucané, Oficina para la Diversidad Sexual y de Género A.V.; el Consejo Pueblo Tezulutlán, Idear, de Congcoop, compartieron con el relator la crítica situación que viven en el área rural.

Representantes de las organizaciones y comunidades afectadas solicitaron al relator elevar recomendaciones al estado y autoridades de gobierno, que los asesore a fin de atender esa problemática que afrontan millares de indígenas y campesinos en el área rural.

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