Samuel Flores
Encarcelamiento de periodistas, allanamientos ilegales a salas de redacción y viviendas, persecución judicial desde tribunales, son algunas de las políticas que los organismos de Estado de Centroamérica practican convirtiéndola en una de las regiones más peligrosas en el mundo para ejercer el periodismo.
A 31 días de la captura del presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora; de la gerente financiera, Flora Silva, y la auxiliar fiscal Samari Gómez, se revela la “difícil” situación que afrontan los periodistas en Guatemala. La aprehensión del periodista Zamora fue abordada en el foro “Análisis jurídico de la Ley contra la Ciberdelincuencia y el proceso a José Rubén Zamora”, de la Asociación de Periodistas de Guatemala.
Desde el 2020 -a la fecha-, la APG registra unas 300 acciones en contra de la libertad de prensa. A estas acciones hay que sumar la persecución judicial contra Emisoras Unidas, redactores y dirección de Diario La Hora, periodistas y columnistas que permanecen en el exilio, periodistas comunitarios, y ataques constantes contra periodistas y medios desde falsos perfiles que proliferan en las redes sociales, que favorecen las informaciones falsas y la propaganda oficialista.
El país ocupa el lugar 124 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de la organización Periodistas Sin Fronteras, PSF, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países.
Honduras destaca por ocupar el puesto 165 con una condición “muy grave”, donde reina la impunidad en torno a los asesinatos de periodistas donde ejercer una labor de calidad y objetiva es un desafío, un ejercicio que puede “costar la vida”, y en donde en los últimos 20 meses han sido asesinados 97 reporteros, según reporte del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras.
Nicaragua destaca por ocupar el lugar 160, con una situación “muy grave”, donde el gobierno ordenó el cierre de 11 emisoras de radio católicas, persecución judicial y oficial contra el Diario La Prensa; allanamientos ilegales, y el exilio forzado de al menos 120 profesionales de la información. Presiones judiciales, asfixia económica contra los medios independientes, auditorías abusivas, detenciones arbitrarias o leyes inconstitucionales, son políticas que impulsa el gobierno de Daniel Ortega contra los reporteros.
El Salvador no se queda rezagado pues ocupa el puesto 112 con una condición “difícil” con un deplorable panorama para la libertad de prensa en la región. De acuerdo con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, a lo largo del 2021 y 2022, los medios de comunicación son blanco de ataques, intimidación, espionaje y desacreditación. El Ejecutivo centraliza el monopolio de la información vía Twitter, con datos “no verificables”.
Los periodistas de Panamá y Costa Rica también afrontan condiciones adversas para ejercer el periodismo.
Este panorama viola el derecho de la libre expresión y en Guatemala, el trabajo de fiscalización que practica la APG y algunos medios independientes resulta trascendental en defensa de la libertad de prensa.
