Samuel Flores
Desvío de ríos, bajo nivel del manto freático, contaminación, escasez del vital líquido durante dos años de pandemia, enfermedades de la piel y gástricas, explotación irracional del recurso natural y ausencia de una ley, empañan la conmemoración del Día Mundial del Agua. Esta realidad produce frecuentes manifestaciones de sequía, reducción de áreas forestales, y dificultades de las poblaciones rurales.
Durante las últimas décadas la industria del monocultivo enfoca el aprovechamiento del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica y riego. Producto de esa explotación podemos mencionar el “ecocidio del río La Pasión”, que originó una mortandad de peces sin precedentes entre abril y julio 2015. Las plantaciones y plantas extractoras de palma aceitera han afrontado acusaciones de cientos de familias afectadas por la proliferación de moscas e inhalación de olores fétidos, mortandad de toneladas de peces, que afectaron a 22 mil habitantes de 17 comunidades que habitan en la cuenca del río La Pasión, con una contaminación que recorrió 154 kilómetros de longitud en Sayaxché, Petén.
Durante el 2016, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, reveló que comunidades de la Costa Sur afectadas interpusieron 41 denuncias por desvío y contaminación de ríos. En ese período, ese ministerio recibió 1,237 denuncias que van desde el desvío del río y la extracción incontrolada de agua. Destaca el desvío del río “Madre Vieja”, Nueva Concepción; y río “Piojoso”, Tiquisate; Escuintla. Los desvíos de caudal abarcaron otros afluentes de Quetzaltenango, San Marcos, y Suchitepéquez.
Un caso emblemático lo representa la criminalización de Bernardo Caal Xol, profesor de Santa María Cahabón, encarcelado por denunciar y oponerse a la construcción de represas que desvían el caudal del río Cahabón, Oxec y sus afluentes, para alimentar siete represas llamadas Renace (I, II, III, IV), Oxec (I y II), y Chichaic, que afectan los campos de cultivo de decenas de comunidades, además de producir la tala ilegal de extensas hectáreas de bosque en Alta Verapaz.
Esa explotación descontrolada del recurso hídrico produce sequía en Alta y Baja Verapaz que afecta la producción de maíz y otras siembras, lo cual viola el derecho al agua y a la salud. El agua ha sido convertida en una mercancía por la industria del monocultivo, turística, agroindustriales, mineras, petroleras, hidroeléctricas, y comerciantes.
El responsable de esta crítica situación es el Estado de Guatemala por la carencia de una Ley de Agua. Las municipalidades deben garantizar el acceso al servicio de agua entubada, –más en tiempo de pandemia–, sin embargo, evaden esa responsabilidad. De esa cuenta, la población compra el vital líquido por tonel, a precios que castigan su economía.
Por esta realidad, el Estado de Guatemala debe iniciar el rescate del vital recurso hídrico que evite el desvío de ríos, contaminación, uso y explotación indiscriminada para heredar a las generaciones futuras el acceso al agua.
