Samuel Flores
Haber asignado a la vicepresidencia, Ministerio de Gobernación, al Ejército y un comisionado presidencial para contener la conflictividad territorial en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, fue una decisión hepática e improvisada del Ejecutivo que culminó con la masacre que deja 14 muertes. Decretar un segundo estado de sitio no soluciona la situación. Las dos poblaciones viven enfrentadas por una disputa territorial de 24 caballerías que data de 1862.
El índice de pobreza general en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, es de 85%; y de pobreza extrema el 44.07%, de acuerdo con el Diagnóstico “Sítuación de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá”, de julio 2017, Ambas poblaciones tienen más de 105 mil habitantes de ascendencia maya-quiché, cuya mayoría se dedica a trabajar como jornales en las fincas cafetaleras de la costa sur.
El estado de sitio va más allá de solo restringir el uso de armas, por el contrario, veda los derechos constitucionales vinculados con los derechos humanos de la población. Especialmente, los referidos a la libertad de acción, detenciones, libre locomoción, derecho de reunión y manifestación, medidas solo orientadas a militarizar y criminalizar a la población, que genera violencia y desestabilización, de acuerdo a las denuncias planteadas por habitantes de ambas regiones.
La militarización -más que atenuar la conflictividad-, no la resuelve porque no se consideran y respetan las formas propias y ancestrales de solucionar los conflictos, una medida que retrocede e incumple con los acuerdos de Paz.
Es evidente el mínimo aporte de involucrar a la vicepresidencia, y luego asignar a otras instituciones para darle seguimiento a los acuerdos alcanzados porque carecen de planes apegados al respeto de los derechos humanos y no atendieron las necesidades integrales de la población.
La agricultura es el principal medio de vida lo que implica la inseguridad alimentaria de las familias por lo que se necesita implementar programas de apoyo en la agricultura para diversificar los cultivos, capacitar sobre las buenas prácticas agrícolas para mitigar esa condición de las familias afectadas.
Dependiendo el mes del año, el precio de los jornales fluctúa entre Q40 y Q45 diarios. Al mes generarán unos Q900; sin embargo, junto al precio del jornal, también fluctúa la cantidad de días trabajados durante cada mes. Ese pago por concepto de mano de obra no alcanza para cubrir necesidades de alimentación, vivienda, educación, salud y otros.
Para evitar el derramamiento de sangre en esa región el gobierno debe velar porque se garanticen los derechos humanos de la población, sin violentar la vida de las mujeres, la niñez, juventud, teniendo como prioridad garantizar la integridad de la población. Ampliar la cobertura de los huertos familiares para que las familias tengan acceso a hortalizas que les permitan mejorar la dieta y consumir alimentos variados, que beneficien su salud y por ende se mejore la Seguridad Alimentaria. Que los alcaldes de ambos municipios inviertan el presupuesto municipal en programas de desarrollo de la población, y no dirigir los recursos a la reparación de carreteras.
