Samuel Flores
Un ejercicio in situ realizado en los centros de vacunación de Sololá, muestra resultados interesantes. Los hallazgos revelan que la campaña de vacunación a nivel nacional/local/rural, no funciona. La campaña de vacunación avanza de manera diferenciada limitada por el flujo y disposición irregular de vacunas. Comisiones de Auditoría Social, Alanel y CCDA realizaron el monitoreo de verificación sistemática para valorar la forma en que el plan de vacunación se implementa a nivel territorial donde se identifica que la población indígena y campesina es castigada ya que tiene menor acceso a vacunas y presenta mayores condiciones de vulnerabilidad ante el impacto del COVID – 19.
Los nietos, hijos, mujeres, invierten Q160 en transporte (de ida y vuelta para vacunarse). Esa cantidad es inalcanzable para las madres. En el área rural no existen campañas de información en idiomas originarios.
288 municipios en rojo por COVID-19; 11,886 fallecidos, 51,871 casos activos, 403,038 casos acumulados, y un gobierno que ignora la realidad. ¿Dónde están mis impuestos? (cuando el gobierno de Alejandro Giammattei nos endeudó con miles de millones de quetzales para la contención de la pandemia en el 2020 y 2021) es increíble. Covid-19 genera pobreza extrema, desempleo, muerte, y supera la destrucción que generó el terremoto del 4 de febrero de 1976.
En el área rural es catástrofe: la campaña de inmunización avanza de manera diferenciada a nivel territorial en donde se ha identificado que la población indígena y campesina, es castigada ya que tiene menor acceso a vacunas, presenta mayores condiciones de vulnerabilidad ante el impacto del COVID – 19. El gobierno debe invertir los recursos y aplicarlos en forma transparente.
El monitoreo se practicó en los municipios de San Andrés Semetabaj, San Antonio Palopó, Santiago Atitlán, San Lucas Tolimán, Santa Catarina Ixtahuacán, y Santa Lucía Utatlán, del departamento de Sololá.
El ejercicio orienta a las autoridades del Ministerio de Salud ante su ineficiencia. Nuestra población merece atención digna, que se masifique la vacunación, que se ejecuten adecuadamente los recursos públicos asignados, garantizando el derecho a la salud y la vida de la población.
