Samuel Flores
Al fin una buena noticia: 103 diputados encabezados por Aldo Dávila y asesores del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, en una maratónica labor impidieron que el presidente Alejandro Giammattei, con el apoyo de los magistrados oficialistas de la CC, y el presidente del Congreso Allan Rodríguez, aprobaran las reformas al Estado de Calamidad Pública.
Tras esa adición al decreto 6-2021 emitida por el gobierno del partido VAMOS, comprobamos un Toque de Queda inoperante avalado por la CC y el Legislativo, con el potencial riesgo de amordazar la Libertad de Expresión y censurar a los medios independientes y periodistas que emiten críticas contra el Pacto de Corruptos.
El esfuerzo realizado anoche por 103 diputados dicta un precedente a esa “trinca infernal”, enviando el mensaje al partido de gobierno: no podrán seguir gastando y despilfarrando a manos llenas los recursos orientados a contener el alarmante repunte de contagios por COVID-19, y que los guatemaltecos pagamos con nuestros impuestos.
En este contexto político resalta la perversa alianza existente entre el Ejecutivo, Legislativo y los magistrados oficialistas de la Corte de Constitucionalidad, que resolvió “no conceder la suspensión provisional del Decreto 6-2021.
No sorprende que el alto tribunal constitucional que practica esa “Cohabitación ilícita”, determinara que el Estado de Calamidad siguiera vigente mientras el Organismo Legislativo no lo ratificara, modificara o improbara. Esos magistrados ligados al oficialismo son: Roberto Molina Barreto, Néster Vásquez, Leyla Lemus, Luis Rosales, Claudia Paniagua, Rony López y Juan José Samayoa.
Esa maniobra política es un ejemplo de las actuaciones que veremos desde la cúpula viciada (Ejecutivo, Legislativo, CC), de aquí en adelante en decisiones de alto impacto que afectarán a la ciudadanía.
El mandatario jugó con fuego tras imponer modificaciones al decreto de Calamidad Pública: según el comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala que expresa: “el presidente quiere amordazar a la prensa”.
Históricamente los gobernantes, políticos, funcionarios, empresarios, industriales, comerciantes y ganaderos, han querido manipular el artículo 35, Ley de Emisión del Pensamiento consagrada en la Constitución de la República. Sin embargo, algunos medios impresos –como Diario La Hora–, radio noticieros, tele noticieros, medios alternativos, independientes, lo han defendido nuevamente impidiendo que el gobierno del partido VAMOS limite ese derecho.
La Libertad de Expresión es una conquista del pueblo guatemalteco que permite críticas constructivas a las políticas que afectan a la sociedad civil. Sirve para fiscalizar a los gobernantes, exigir transparencia en el manejo de los recursos, recomendar cómo enderezar el rumbo de las políticas de Estado, además de informar.
Cabe destacar la labor del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien también lucha contra el sistema para evitar que el pacto de Corruptos imponga políticas que vulneran los derechos humanos de la población.
