Samuel Flores
Con la juramentación de la doctora María Consuelo Porras Argueta, como fiscal general del Ministerio Público (MP), se evidencia un marcado deterioro en los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad. Esposa del ex militar Gilberto de Jesús Porres de Paz, quien gasta Q937,331.90 en seguridad en su calidad de fiscal de esa institución, evidencia el favoritismo de su accionar hacia instituciones y gobernantes.
Fue nombrada por el ex presidente Jimmy Morales en mayo 2018, -con lo cual frenó la persecución penal en su contra-. Con instrucciones de la fiscal general, no se dio seguimiento a la impugnación requerida en su oportunidad con lo cual se declaró desierta la persecución judicial en el caso denominado “Botín del Registro de la Propiedad”, en el cual estuvo involucrado el hijo y hermano del ex gobernante. Confirmada en el cargo por el actual mandatario del partido “VAMOS”, quien la califica como su “amiga”, es evidente que cualquier proceso gestionado por el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, -quien hoy afronta un exilio extremo- carecería de apoyo y voluntad política.
De acuerdo con Sandoval, la fiscal aceleró su destitución por investigar el fracaso en la compra de las vacunas Sputnik V, ya que tenía información sobre conversaciones que sostuvo el presidente Alejandro Giammattei con visitantes de origen ruso. Además, la vinculación del partido VAMOS con el hallazgo de más de Q122 millones en una vivienda localizada en Antigua Guatemala, propiedad del ex ministro de comunicaciones José Luis Benito.
La población, organizaciones indígenas y campesinas, el G-13 (países donantes que dan acompañamiento a la sociedad civil), el gobierno de los Estados Unidos, atestiguamos el avance del denominado “pacto de corruptos”, que cada día se garantizan impunidad bajo el amparo de la Presidencia, Organismo Legislativo, Judicial, MP, CC, y otras instituciones. La fiscal Consuelo Porras refleja el rostro de ese pacto que incluye a políticos, ganaderos, industriales, comerciantes y otros sectores.
Sin embargo, la separación del titular del fiscal contra la impunidad se inició en mayo 2018, durante la gestión de Jimmy Morales, con la juramentación de la fiscal Porras. A partir de allí el ex gobernante inició la persecución penal contra la ex fiscal Thelma Aldana. El siguiente paso fue declarar no grato al ex comisionado Iván Velásquez, impidiendo la entrada a Guatemala de investigadores que manejaban información de casos de corrupción. Llevó al Palacio Nacional de la Cultura a personas involucradas en delitos que investigaba la CICIG. Los presentó como víctimas de lo que calificó como persecución política, parcializada, ideologizada: mismos argumentos que el presidente Giammattei empleó en una entrevista al referirse al trabajo del ex fiscal Sandoval.
Hoy se registra el cierre de tramos carreteros y manifestaciones para demandar la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y la del gobernante. En una entrevista preparada con las respuestas escritas y que fueron leídas textualmente, muestra el grado de improvisación de la fiscal para atender la mayor crisis institucional generada por la destitución del fiscal Sandoval en los últimos 38 meses de su gestión.
