En las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2000, el resultado colgaba de un hilo, del conteo y recuento de unos cuantos votos en uno de los distritos electorales del estado de Florida podía depender el resultado de las elecciones y las preferencias políticas expresadas por 140 millones de ciudadanos estadounidenses. George Bush hijo competía contra Al Gore. Ambos eran herederos de importantes familias políticas estadounidenses. Bush republicano y texano era hijo del expresidente George Herbert Walker Bush. Gore demócrata y miembro de una prominente familia política de Tennessee, cuyo padre y abuelo fueron importantes políticos en el Senado y en la Cámara de Representantes del gobierno federal.
Bush, hijo, le pidió a un brillante abogado texano y antiguo amigo de la familia su ayuda técnica-profesional en lo político y en lo legal. James Baker, quien era miembro de una destacada familia asentada en Houston desde poco después de la Guerra con México, diseñó una inteligente estrategia política y legal para apoyar el triunfo electoral de George Walker Bush. Su bien calculada estrategia logró llevar la controversia electoral floridense hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, quienes decidieron suspender el recuento de votos, dándole el triunfo al candidato texano.
Tal decisión ha tenido profundas consecuencias. No solo en cuanto que la administración del presidente Bush decidiera invadir Afganistán después del atentado y destrucción de los edificios de las Torres Gemelas de Nueva York y posteriormente la de invadir Iraq con el pretexto de la existencia de armas de destrucción masiva del régimen del dictador iraquí Saddam Hussein en el 2003, sino en cuanto cada vez más frecuentemente se recurre a las decisiones de los jueces para resolver las controversias políticas y electorales que constitucionalmente le corresponden solo a los mecanismos políticos democráticos del pueblo.
Así es que la judicialización de la política plantea problemas graves en una República constitucional y democrática. Entre ellos podemos enunciar la creciente debilidad de la separación tradicional de los poderes en el sistema constitucional. Cuando los asuntos políticos son llevados constantemente a los tribunales, se va debilitando la estructura de la separación de poderes entre el poder Judicial y los otros dos poderes, Ejecutivo y Legislativo. Esto indudablemente conduce a un desequilibrio entre los poderes políticos del gobierno y erosiona los controles y equilibrios que son fundamentales para el funcionamiento de una democracia.
Asimismo, se genera una creciente polarización y confrontación entre los agentes políticos. La judicialización de la política tiende a exacerbar las divisiones políticas y sociales al convertir los debates políticos en disputas legales. Esto aumenta la polarización y la confrontación entre los diferentes sectores de la sociedad política, debilitando la capacidad de alcanzar consensos y compromisos políticos que sin duda forman parte del arte de la política.
La judicialización política produce la distracción de los verdaderos problemas que los mecanismos políticos deben resolver. La atención excesiva en los aspectos legales de los asuntos políticos, de hecho desvía la atención de los verdaderos problemas que enfrenta una sociedad, como la economía, la educación, la salud, la violencia urbana y la pobreza, entre otros. Esto lleva a una falta de acción o de enfoque en la solución de los problemas reales que afectan a la población, dado el formalismo y la consecuente lentitud de la mayoría de los procedimientos judiciales.
Asimismo, se genera una creciente desconfianza en las instituciones políticas y electorales democráticas. La percepción de que los asuntos políticos son decididos más por los tribunales que por los representantes electos puede minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Esto alimenta la desconfianza en el sistema político en su conjunto y en la capacidad de las instituciones para representar los intereses de la sociedad dejando la solución de los problemas más importantes que se enfrentan a individuos supuestamente mejor preparados y, en teoría, imparciales.
Sin duda existe el riesgo de la judicialización de la vida pública. La judicialización de la política puede abrir la puerta a una tendencia más amplia de judicialización de la vida pública, donde los ciudadanos buscan resolver una amplia gama de problemas a través de los tribunales en lugar de a través de los procesos políticos y legislativos. Esto puede socavar la autonomía de la política y reducir el espacio para el debate público y la deliberación democrática. No debería ser necesario insistir en que la actividad más importante del ciudadano libre y, su principal deber, es participar activamente en la vida política de su comunidad.
Estos son solo unos cuantos de los graves problemas que la judicialización de la política tiene y las extremadamente graves implicaciones para el funcionamiento de una sociedad abierta, libre y democrática. Quizá se puede afirmar que la decisión del ciudadano bien informado siempre debe tener prioridad sobre las de los profesionales y técnicos.
