La Constitución Política de la República cumplió cuarenta años de vigencia. Durante estas cuatro décadas ha sido defendida, cuestionada y, para muchos, considerada un texto prácticamente intocable. Sin embargo, más allá del debate jurídico o político, conviene hacernos una pregunta sencilla: ¿los derechos y principios que consagra son hoy una realidad para la mayoría de los guatemaltecos?
Responder exige ir más allá del texto constitucional y preguntarnos si el país que imaginamos en 1985 es el mismo que hemos construido cuarenta años después.
El problema: La Constitución de 1985 nació en uno de los momentos más trascendentales de nuestra historia. Guatemala aún vivía el Conflicto Armado Interno y buscaba dejar atrás décadas de gobiernos militares, confrontación y restricciones a las libertades públicas.
Quienes tuvimos el honor de integrar aquella Asamblea Nacional Constituyente no pretendíamos redactar una Constitución perfecta. Aspirábamos a sentar las bases de un Estado republicano, fortalecer el Estado de Derecho y colocar la dignidad de la persona en el centro de la organización del Estado. Fue una Constitución pensada para el país que aspirábamos a construir.
Pero una Constitución, por sólida que sea, no transforma por sí sola a una nación. Necesita instituciones capaces de hacerla cumplir.
¿Qué pasó? La Constitución marcó el rumbo, pero nunca terminamos de construir las instituciones necesarias para hacerlo realidad. Con los años, la debilidad institucional, la corrupción, la captura de espacios públicos y la falta de continuidad en las políticas del Estado alejaron al país de aquel proyecto democrático.
Hoy la Constitución reconoce un amplio catálogo de derechos, pero millones de guatemaltecos siguen encontrando obstáculos para ejercerlos. El acceso a la justicia continúa siendo desigual; la seguridad sigue siendo una preocupación permanente; la educación y la salud mantienen profundas brechas, mientras la confianza en las instituciones se deteriora.
Basta observar la elección de magistrados de las altas Cortes. Un mecanismo concebido para garantizar la independencia judicial ha terminado, en repetidas ocasiones, rodeado de cuestionamientos e intereses políticos. El problema no es únicamente quién resulta electo, sino si el sistema realmente permite que lleguen los mejores perfiles y actúen con independencia.
Lo mismo ocurre cuando una persona debe esperar años para obtener justicia, cuando una comunidad carece de servicios básicos o cuando la aplicación de la ley depende más de la influencia que de la igualdad jurídica. Allí se evidencia la distancia entre la Constitución y la realidad.
Esta reflexión cobra aún más fuerza a propósito del Roberto Alejos Podcast de esta semana, en el que tuve la oportunidad de conversar con el abogado Edgar Ortiz sobre su libro dedicado a la Constitución. Más allá de las reformas que plantea, deja una pregunta que merece una discusión seria: ¿El problema de Guatemala está únicamente en quienes gobiernan o también en las reglas e instituciones bajo las cuales funciona el Estado?
NO SE VALE convertir cualquier discusión sobre reformas constitucionales en un tema prohibido. Las constituciones no son piezas de museo; son instrumentos para organizar el Estado y garantizar derechos. Defender la Constitución no significa asumir que es perfecta ni cerrar la puerta a los cambios que el tiempo pueda exigir.
Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario: creer que modificar la Constitución resolverá automáticamente los problemas del país. Ninguna reforma sustituirá la honestidad, la capacidad o el compromiso de quienes ejercen la función pública. Como advierte Edgar Ortiz, no existe un «legalismo mágico»: cambiar una norma, por sí solo, no transforma la realidad.
Lo que sí debemos reconocer es que las instituciones importan. Un buen diseño institucional fortalece la democracia y limita los abusos del poder; uno deficiente termina reproduciendo los mismos problemas, sin importar quién gobierne.
YA ES HORA de abrir una discusión nacional, técnica y responsable sobre las reformas institucionales que Guatemala necesita. No para debilitar la Constitución, sino para fortalecerla y hacer efectivos los derechos que reconoce.
Vale la pena debatir, sin prejuicios, temas como el funcionamiento del sistema de justicia, la elección de magistrados y los mecanismos de control institucional. No para favorecer a un gobierno o a un partido político, sino para que las reglas produzcan mejores resultados para los ciudadanos.
Las democracias sólidas no le temen al debate. Lo enfrentan pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.
Que nos duela que, cuarenta años después, muchos de los derechos que reconoce la Constitución sigan siendo una promesa para millones de guatemaltecos. La Constitución no nos falló. Quienes le hemos fallado somos nosotros, porque no hemos construido las instituciones capaces de hacer realidad los principios que allí quedaron plasmados.
El mejor homenaje que podemos rendirle no es declararla intocable ni reformarla por impulso, sino trabajar para que el país se acerque, por fin, a la promesa que hizo en 1985. Que ese dolor nos mueva a fortalecer nuestras instituciones, exigir mejores decisiones y asumir, cada uno, nuestra responsabilidad como ciudadanos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
