Vivimos en un país donde la mayoría coincide en que algo no funciona. Nos quejamos de la justicia, de la política, de la inseguridad y de la incapacidad del Estado para resolver los problemas más básicos, pero pocas veces nos preguntamos si el problema está realmente en las leyes o en las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Esta semana, en el Club de Lectura con Alfonso Portillo, al reflexionar sobre el ensayo La derrota del derecho en América Latina, del jurista argentino Roberto Gargarella, resultaba inevitable pensar en Guatemala. Porque la pregunta que plantea el autor sigue siendo plenamente vigente: ¿cómo es posible que sociedades con constituciones llenas de derechos e instituciones diseñadas para proteger a los ciudadanos sigan teniendo tantas dificultades para responder a las necesidades de su población?
El problema: La respuesta que propone Gargarella es tan sencilla como incómoda. El problema no es la falta de leyes ni de derechos. América Latina se ha esforzado durante décadas por ampliar garantías y fortalecer mecanismos de control. Guatemala no es la excepción.
Nuestra Constitución reconoce amplios derechos y busca promover el bienestar común. Sin embargo, mientras los derechos se han multiplicado, la estructura del Estado encargada de hacerlos realidad no ha evolucionado con la misma eficacia. El resultado es un sistema que promete mucho más de lo que logra cumplir. No es un problema de normas. Es un problema de instituciones.
Basta observar algunos de los principales desafíos nacionales. Los niños siguen enfrentando problemas de desnutrición, miles de jóvenes abandonan el sistema educativo cada año, las listas de espera en los hospitales públicos continúan creciendo y la inseguridad sigue siendo una preocupación permanente para muchas familias. Ninguno de estos problemas existe porque la Constitución los ignore. Por el contrario, todos han sido reconocidos como prioridades nacionales durante décadas. Lo que ha fallado es la capacidad institucional para convertir esos derechos en resultados concretos.
¿Qué pasó? Lo paradójico es que muchas de las dificultades actuales nacieron de buenas intenciones. Se crearon órganos de control para fiscalizar a los funcionarios públicos, se otorgó autonomía a determinadas instituciones y se establecieron mecanismos para evitar abusos del poder. Todo parecía razonable.
Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas de esas instituciones terminaron alejándose de la razón que justificó su creación.
Tristemente tengo que volver a mencionar el caso de la Universidad de San Carlos. Más allá de quién tenga la razón en la crisis actual, vale la pena preguntarse cómo una institución concebida para liderar la educación superior pública terminó inmersa en una permanente disputa sobre legitimidad y control.
Algo similar ocurre con los órganos de control. La Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y otras instituciones fueron creadas para fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, con frecuencia son percibidas como espacios donde también se reflejan intereses políticos y sectoriales. Esa percepción debilita la confianza ciudadana.
También lo vemos en la administración de justicia. Durante años hemos presenciado cómo algunos casos avanzan con rapidez mientras otros permanecen estancados indefinidamente. Dependiendo del momento político, unos denuncian persecución y otros denuncian impunidad. El péndulo cambia, pero la desconfianza permanece.
NO SE VALE ignorar esta discusión porque sus consecuencias afectan directamente la vida de millones de guatemaltecos. Cuando los problemas sobreviven a distintos gobiernos, fiscales generales, magistrados, rectores y diputados, es evidente que estamos frente a problemas estructurales.
La crisis de confianza tampoco puede verse como un asunto menor. Cuando los ciudadanos dejan de creer en las instituciones, lo que se debilita no es una entidad específica, sino el sistema democrático en su conjunto.
Quizá por eso hemos llegado a un punto en el que prácticamente todas las instituciones enfrentan cuestionamientos. Un día se cuestiona al Ministerio Público, otro día a la Corte de Constitucionalidad, luego al Congreso, a la Universidad de San Carlos o al sistema de justicia. Dependiendo de la posición política de cada persona, cambian los señalados, pero el problema de fondo permanece: la percepción de que las instituciones han dejado de responder al interés general y han comenzado a responder a intereses particulares.
Que incluso algunos de los arquitectos del sistema cuestionen hoy su funcionamiento demuestra la profundidad del problema. Personalmente no creo que la solución sea desmontar las instituciones, sino recuperar su propósito original y exigir que respondan al interés público y no a intereses particulares.
¡YA ES HORA! de reconocer que Guatemala necesita discutir seriamente reformas institucionales profundas, especialmente en la administración de justicia.
Hemos judicializado la política y politizado la justicia. No fueron necesariamente las leyes las que fallaron. Fueron las interpretaciones, los incentivos y los intereses de quienes temporalmente controlan las instituciones.
Resulta difícil exigir una participación cuando gran parte de la población está concentrada en resolver necesidades inmediatas. Aun así, no podemos seguir posponiendo esta conversación.
La paradoja es que el sistema que tenemos es débil, está enredado y muchas veces capturado por distintos intereses. Pero no hay otro. Por eso el desafío no es destruirlo, sino recuperarlo y fortalecerlo.
Que nos duela reconocer la fragilidad de nuestras instituciones. Porque la derrota del derecho no ocurre cuando faltan leyes, sino cuando las instituciones dejan de servir a las personas. Que ese dolor nos mueva a actuar, a involucrarnos y a asumir nuestra responsabilidad en la construcción del país que queremos. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
