Muchos migrantes comprendimos que el triunfo de Arévalo y Herrera en las elecciones presidenciales y la defensa de dicho triunfo frente a las mafias golpistas, era la única posibilidad para el país de salir del abuso político, la corrupción generalizada y la tenebrosa “guerra judicial”. Dimos el apoyo que pudimos y nos sumamos a la Resistencia Nacional, y celebramos la inauguración del nuevo gobierno. No pedimos nada a cambio, porque era nuestro deber ciudadano apoyarlo. Hoy, sin embargo, sí hay cambios con relación a nosotros, que esperamos que se realicen pronto, y a los cuales queremos contribuir, en tres ámbitos: el servicio del Estado en el extranjero; el fenómeno migratorio en todas sus dimensiones; y los derechos políticos, sociales y económicos de las y los guatemaltecos en el exterior.
Las y los migrantes somos los más afectados por el desempeño del servicio exterior. Estamos en relación permanente por los servicios consulares, y las y los embajadores nos marcan frente a las sociedades que nos reciben. Una política exterior que ignore los derechos humanos y el derecho internacional limita nuestro desarrollo; la cara visible del régimen son sus representantes internacionales, muchos de los cuales son los que representaron a los gobiernos corruptos de los doce años pasados. Se nos cuestiona sobre embajadores ante la ONU, en Nueva York, Ginebra y Viena, y ante la OEA, al igual que en diversos países, y abundan las quejas contra cónsules que son familiares y amistades de personajes corruptos o son incapaces o deshonestos. Es gran desgaste, para el gobierno y para nosotros en el exterior.
El fenómeno migratorio llora sangre. Se multiplican cruces y fosas clandestinas de nuestros muertos en México y EE. UU. Las personas abusadas de mil maneras por las autoridades de esos dos países reclaman defensa gubernamental. No se nos ha otorgado ninguna protección migratoria efectiva en casi veinticinco años de flujo migratorio; otros centroamericanos y sudamericanos son protegidos, muchos de ellos por el TPS. Connacionales se entusiasman hoy con lograr el “TPS chapín”; pero no será nunca concedido sin la solicitud oficial del gobierno guatemalteco. Duele la marejada constante de deportaciones; duele el tratamiento inhumano de nuestros niños y niñas o familias enteras; duele el balance “político” que hacen EE. UU. y Guatemala para ignorar las vidas de millones de migrantes. Ante esta permanente tragedia, Conamigua debiese ser disuelto. Para modificar la política migratoria, solicitamos a Arévalo que, previo a la reunión ministerial sobre migración que se ha programado para el 7 de mayo, se realice un congreso de migrantes y organizaciones pro migrantes en Guatemala para aportar nuestros argumentos.
Somos más del quince por ciento de la población y exigimos nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Nos corresponde hoy sin regateo el distrito electoral 24 para participar con voto pleno, sin restricciones, en todos los eventos electorales y de consulta nacional. Convirtamos nuestras remesas, gobierno y migrantes, en palanca de desarrollo humano y hagamos que el Estado vele por nuestros intereses.
