Característica guatemalteca es maximizar peticiones y minimizar realizaciones. Ocurrió con los Acuerdos de Paz, que algunos consideraron insuficientes en su texto; pero que, al final, quedaron sin adecuado cumplimiento. He leído en días recientes varios planteamientos para el nuevo gobierno –lo cual es positivo, para que sean debidamente tomados en cuenta, aunque es necesario que sus ponentes reconozcan que las prioridades puedan ser otras- a fin de transformar el caos de doce años dedicados a la corrupción. Considero oportuna la afirmación de Arévalo y Herrera, al indicar que una de las primeras medidas del nuevo gobierno será dejar sin efecto nefastas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo actual. Deben investigarse, igualmente, todas las ilegalidades y abusos cometidos por los tres Poderes del Estado al servicio de la corrupción, desde normas y manejo de fondos hasta el nombramiento de funcionarios.
No olvidemos, sin embargo, que la transición ha estado bajo ataque permanente por personas corruptas que aún se aferran a la idea del golpe de Estado. No son muchas; pero sí tienen poder económico y político para obstruir el traspaso pacífico de gobierno. No tienen escrúpulos y se manejan como mafias. El Congreso ha convocado a reuniones extraordinarias para los próximos días, para “amarrar” todo lo que sea posible. Linares, ex diputado de corbata de pajarito y cerebro aún menor, sugiere que esta legislatura se niegue a dar toma de posesión a la nueva, con lo cual Arévalo y Herrera no podrían tomar posesión al día siguiente. Las distintas maniobras de última hora deben ser enfrentadas en las calles con toda la fuerza del Pueblo; la prioridad es que el nuevo gobierno asuma el 14, como corresponde.
Concluida la inauguración, será el momento para hacer llegar propuestas al nuevo gobierno. Hay inmensa deuda de justicia que debe ser pagada: libertad para la gente inocente y apertura de investigaciones para quienes, por inconfesables motivos, prostituyeron la justicia y desataron la “guerra judicial”. Urge redefinir la política exterior, para que el país deje de ser marioneta de potencias y base su acción internacional en los derechos humanos. Después de un cuarto de siglo de tener en el olvido a la Diáspora guatemalteca, hay que reconocerle sus grandes aportes al país, y su defensa del proceso electoral, y enfocar las políticas migratorias a atender las necesidades apremiantes de las y los guatemaltecos en el extranjero, sin ignorar a quienes pasan por Guatemala en búsqueda de su futuro. Hay amplios sectores de la ciudadanía y la población, en general, que insisten en la necesidad de elaborar una nueva Constitución y una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. No se trata de reforma constitucional, sino que de un nuevo texto que visualice y organice el Estado como verdaderamente es: constituido por cuatro pueblos, plurinacional, multiétnico, multilingüe. Pienso que hay que generar las condiciones para esta elaboración, lo que exigirá un gran diálogo nacional de fuerzas sociales y políticas, para definir proceso y calendario. La nueva Constitución es esencial.
