Raúl Molina
El intento de imponer a Walter Mazariegos como rector de la USAC, para el cual se han realizado acciones ilegales e inmorales a lo largo del proceso, no es más que un componente del secuestro del Estado llevado a cabo desde la elección fraudulenta de Jimmy Morales, que se ha acentuado durante el actual gobierno del CACIF, por su empleado Giammattei. Quienes han violado la autonomía universitaria y la legislación de la universidad nacional se pueden clasificar en tres categorías: quienes coinciden con la mafias que controlan el Estado, comenzando con el candidato que no pudo ganar en el proceso ni con dinero y prebendas ni con manipulación y coacción; quienes sucumbieron ante la cooptación y chantaje dentro del Consejo Superior Universitario (CSU) y oficinas administrativas; y los pocos ingenuos o indiferentes, que no cuestionan ni al CSU ni al Estado.
El asalto a la USAC, impensable en más de trescientos años de historia de la Universidad de San Carlos, es el resultado de la penetración de mafiosos universitarios en la conducción de la universidad, con contactos en partidos políticos y fuerzas armadas. La USAC pudo resistir el ataque represivo del ejército entre 1954 y primeros años del decenio de los ochenta, pese a sus cuantiosas víctimas por ejecución extrajudicial y desaparición forzada; pero no pudo evitar la penetración mediante la entrega hecha por malos universitarios y la corrupción. Lo que hoy se ve como “jugada maestra” de la “maquinaria de la corrupción”, que no es más que un vil intento de fraude, es la continuidad de la violencia contra la comunidad universitaria, ahora ejercida como “guerra legal”, es decir, retorcimiento de la ley –con la aprobación del aparato de justicia en la CSJ, el MP y la CC- para lograr sus objetivos y hacerse del poder total.
Como exautoridad de la USAC, forzado al exilio por la represión militar en 1980, creo que los dos grupos no identificados aún con la mafia estatal, que han sido pasivos –cooptados e indiferentes- pueden responsabilizarse de sus acciones en la universidad y apoyar la exigencia al CSU de cancelar el proceso viciado de elección de rector y abrir un nuevo proceso. Pienso que de los veinticuatro empecinados que han estado acuerpando a Mazariegos, Oliva y Taracena, no pasan de quince los que son miembros de la mafia universitaria. Serían así una minoría, por lo que la mayoría puede revertir todas las acciones ilegales e inmorales que se han realizado. Se tomarán las decisiones apegadas a la verdad y la justicia y se abrirá un nuevo proceso de elección en el que participen grupos y candidatos sin tacha. Quien resulte electo en ese nuevo proceso, totalmente transparente, gozará del apoyo generalizado de la comunidad universitaria, que mandatará al nuevo rector para iniciar los urgentes cambios planteados como “rescate de la USAC”. Se sabe que el Estado y grupos corruptos, entre ellos profesionales de ingeniería y abogacía, presionarán fuertemente para concluir la captura de la rectoría, pero están cada día más débiles frente a la determinación de autoridades probas, profesores y profesoras, trabajadores (as), egresados (as) y estudiantes.
