Marco Tulio Trejo

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Marco Trejo: Periodista y comunicador social para tratar de hacer conciencia sobre los problemas sociales, económicos y políticos que vive un país que merece una mejor clase política. Durante mi carrera profesional he mantenido la línea de la ética y el profesionalismo, siempre he creído que el hombre que vende la pluma, no vale nada. Soy apasionado del periodismo y lo llevo en las venas, escribo para que las nuevas generaciones tengan conciencia de lo que es amar a su Patria y luchen por sus ideales.

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Marco Trejo

Quiero empezar mi artículo, de esta semana, con la transcripción de un discurso de la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher sobre los impuestos: “El Estado no tiene más dinero que el dinero que de los ciudadanos. Sí el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará, ese alguien eres tú, no hay dinero público, solamente hay dinero de los contribuyentes”.

Después de analizar estas palabras, tenemos que definir qué es un funcionario público: “es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, ya sea por elección popular o nombramiento conforme leyes correspondientes, por el cual ejerce mandato, autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal que representa y se le remunera”.

Entonces al tener estas dos premisas, nos hacemos la pregunta ¿Quién es el ente fiscalizador y controlador del uso de los impuestos? En el caso de Guatemala la Contraloría General de Cuentas (CGC), en el ejercicio de sus funciones, verifica el buen uso de los impuestos. Al leer esto es cuando entendemos, porque no se fortalece esta institución y los gobernantes colocan a sus piezas del ajedrez.

Sí tuviéramos una Contraloría eficiente, independiente y sobre todo funcional no seriamos un Estado considerado como una de las naciones más corruptas de América Latina, donde los “politiqueros” cada cuatro años se convierten en los “nuevos ricos”.

Guatemala el año pasado (2021), obtuvo 25 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica la organización Transparencia Internacional (TI). En este informe, Guatemala se encuentra en el puesto 150 de los 180 países evaluados, por eso es que nos ven como “transeros”. Por eso es que en estas elecciones debemos meditar bien nuestro voto, para darle un revés a los “politiqueros”.

Los funcionarios públicos (cleptócratas) han adoptado a la religión para dar la apariencia de que son personas con valores morales, pero eso es totalmente falso, es solamente la fachada para seguir haciendo de las suyas y por esa razón es que la Prensa les cae mal a los gobernantes: (Presidencia del Congreso, Ministra de Educación, Ministro de Cultura y Deportes, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ministro de Comunicaciones, Directora del INGUAT, entre otros.

En las apariciones públicas se observa cómo los “cleptócratas” (sistema de gobierno que realiza actividades ilegales y que impliquen malversación de fondos, de fraude o de adjudicación irregular de beneficios de parte del Estado), se hacen acompañar del libro sagrado (Biblia) para dar la apariencia de ser personas temerosas de Dios, pero a la vuelta de la esquina vemos cómo cocinan grandes negocios o bien beneficios para sus allegados, tal es el caso de la compra del café más caro de Guatemala (Q149 la libra), por nombrar un solo producto.

Pero no solamente el Congreso está en esa “corruptela”, en el Hospital General San Juan de Dios se compraron productos sobrevalorados (Q696 mil 201) que, en el Hospital Roosevelt, por 60% más de producto, se erogaron Q392 mil 500, o sea la mitad de lo pagado por el HOSPIGEN.

Pero en estas anomalías el Hospital Médico Militar no se quiso quedar atrás, se adquirió producto, incluso más de la capacidad de la farmacia por Q839 mil 103.61, donde fueron beneficiados cuatro proveedores, quienes de seguro tuvieron que dar la famosa comisión del 30 por ciento. ¿Será que el Ministerio Público hará algo?

Pero el tema más emblemático de esta semana es el caso de la familia de la magistrada del TSE, Blanca Alfaro, quienes -según una investigación de elPeriódico- tienen colocados a sus familiares en puestos en diferentes entidades del Estado. Algo muy común entre los políticos que usan las instituciones del Estado como oficina de Recursos Humanos. En este caso no hay que pensar mucho, le encontraron el precio a la “honorable magistrada”.

La nota periodística señala que el esposo Rudy Haroldo Nájera Sagastume y el hijo de Blanca Odilia Alfaro Guerra, magistrada TSE, se han beneficiado de contratos con el Estado durante la estancia de la abogada en dicha institución. Esto pese a que la Ley de Contrataciones detalla que no pueden celebrar este tipo contratos con el Estado los cónyuges de los “dignatarios de la nación”, funcionarios o empleados públicos.

El término cleptocracia se utiliza para designar a una forma de gobierno que se caracteriza por el robo, el nepotismo, la adjudicación de beneficios a conocidos o afines, etc. Este término proviene del idioma griego en el cual clepto significa justamente ‘robo’ y kratos ‘gobierno’. Por eso es que en las próximas elecciones tenemos la oportunidad de decirles un “no” rotundo a estos politiqueros y la solución analizar a quién vamos a darle nuestro voto, que no sea “cuete quemado”.

Para finalizar quiero dejar estos conceptos: un vulgar ladrón te roba: el dinero, el reloj, joyas, el celular, el carro, mientras que un político lo que nos roba es la salud, la vivienda, la educación y la infraestructura.

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