Es el calificativo construido con piedras de esperanza y que, atado a una fuerza democrática incalculable, le atribuyó el Pueblo de Guatemala a gritos a la Fiscal General, Consuelo Porras. Y ella, debería entender que es hora de irse, de renunciar. Su trabajo ha sido pésimo: persecución selectiva, influida por la voluntad del Presidente de la República; por las órdenes de Méndez Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo y, en general, según la decisión de quienes integran el Pacto de Corruptos. (“A esta persona hay que perseguirla; a aquella otra, no.”); persecución deficiente, parcializada, injusta e ilegal y arbitraria. Muchas razones para que el Presidente Giammattei la destituyera o pidiera su remoción desde hace tiempo, según la Ley Orgánica del Ministerio Público y la que contiene las reformas (Dto. 18-2016) a dicha Ley Orgánica.
Si el delito cometido por la Fiscal Consuelo Porras no es abuso de autoridad, es incumplimiento de deberes; si no es resoluciones violatorias a la constitución, es denegación de justicia. Y si no queremos invocar estos delitos, están los delitos eleccionarios en el Código Penal que, aunque no todos encajan perfectamente, ella, el juez Orellana y el Fiscal Curruchiche han intentado, con sus acciones ilegales, turbar, alterar o interrumpir el curso normal del acto eleccionario y deben ser sancionados penalmente.
En fin, un racimo de delitos que la Fiscal General, desde su castillo de Gerona, se ha dedicado a coleccionar, protegiéndose a sí misma y a su servil peón Curruchiche. Como buena Reina, ha ejercido el poder en forma autoritaria y ha creído que las y los manifestantes, son sus súbditos o sus vasallos y tienen que hacer lo que ella diga. No se ha dado cuenta que el Pueblo de Guatemala ha crecido y ha madurado de tal forma, que ya no se le engaña con facilidad, que ahora ya no hay súbditos, ni vasallos. Ahora hay ciudadanos y ciudadanas, con derechos y obligaciones.
Por medio de su Fiscalía Especial a favor de la Impunidad (FEFI), que dirige Curruchiche, se ha dedicado a perseguir a sus oponentes y a las y los que luchan contra la corrupción gubernamental. Incluso los Estados que conforman la Organización de los Estados Americanos (OEA), se preocuparon hace unos días por la actitud de intimidación que la Fiscal General ha llevado a cabo en contra de las autoridades electorales.
Así lo hicieron ver en su declaración de fecha 1ro. de septiembre del presente año. Consideraron que dicha práctica iba en contra de los principios de la democracia representativa; que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y suspender indebidamente derechos civiles y políticos no es aceptable. Declaración que fue aceptada y consentida por el mismo Ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Guatemala.
Ante estos atropellos, la Organización de los Estados Americanos fue muy clara: el Ministerio Público, bajo la dirección de Consuelo Porras, INTIMIDA a las autoridades electorales. Suficientes razones para que el Presidente Giammattei hubiese destituido inmediatamente a Consuelo Porras. Y también, suficientes razones para que el Pueblo de Guatemala le pidiera la renuncia a la Fiscal General, en defensa de la Democracia y del Estado de Derecho.
Estamos acostumbrados a que las autoridades del Estado de Guatemala vayan en contra de ideas progresistas y humillen a la gente con sus actos represivos. Aun así, la actitud de la Fiscal General Porras, esta vez volvió a indignar a la población guatemalteca. Con sus actos intimidatorios, Consuelo Porras pretendió acallar el ruido y convertirlo en un silencio dictatorial que le permitiera sin ningún obstáculo turbar, alterar o interrumpir el curso normal del acto electoral. Le molestó el aroma a cambio y democracia que ha invadido la atmósfera en Guatemala con el Partido Político Semilla y con el Presidente electo Bernardo Arévalo.
Los caminos se le han cerrado a la Fiscal General. El Presidente electo ya sentenció que no la necesita en su proyecto anticorrupción. Así las cosas, trabajar en el país le será difícil. Sólo le queda la cárcel o el exilio. Y allí, en el exilio, tendrá que refugiarse en el anonimato de un viaje largo, silencioso y difícil. Similar al que ella hizo que tuvieran que vivir aquellos operadores de justicia que lucharon en contra de la corrupción gubernamental y que hoy están en el exilio en EUA. La Fiscal General debe respetar el pedido del Presidente electo Bernardo Arévalo y renunciar. Debe enfrentar su destino y caminar hacia él. Para el bien del país y de la democracia guatemalteca.
El nuevo gobierno deberá impulsar una reconstrucción del Estado de Derecho y de sus instituciones, que resultará muy compleja y difícil. En materia de los Acuerdos de Paz, es necesaria la recuperación de la institucionalidad que había sido creada. En materia de resarcimiento, el nuevo gobierno tendrá que enfrentarse a la embestida del Ejército. En la Justicia Transicional, el nuevo Gobierno tendrá que jugar un papel fundamental y que el Presidente electo oriente el proceso en forma democrática y según los estándares internacionales.
Sobre todo, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción, las acciones del nuevo gobierno, tendrán que ser muy claras, para situarse en un lugar distinto al que ha ocupado el Pacto de Corruptos y el Presidente Giammattei. Y todo ello, con un Congreso de la República que tratará de hacerle la vida imposible al Presidente electo y con una Corte Suprema de Justicia impune, que ha sufrido un golpe de estado y que se encuentra integrada por magistrados y magistradas que se han dedicado a perseguir a Jueces independientes, honestos y comprometidos con los Derechos Humanos.
La tarea de la reconstrucción es enorme y si la Fiscal General quiere ser verdaderamente consecuente con las necesidades de nuestro país, debería entregar el puesto y someterse a la justicia. Cuando se ha ejercido el poder en forma autoritaria y sin respetar los límites establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, las y los funcionarios públicos tienen responsabilidad y deben asumir las consecuencias. Esa es la situación de Consuelo Porras, Curruchiche, Orellana, del Presidente Giammattei y de las y los miembros del Pacto de Corruptos.
Y todavía la Fiscal General, dándose aires de grandeza, presentó una acción constitucional de amparo, que lo que realmente buscaba era limitar la libertad de expresión y castigar a sus oponentes. El Pueblo de Guatemala ha perdido totalmente la confianza en su actuación y, con toda razón, ha exigido su renuncia. Y como funcionaria pública que es, Consuelo Porras tendrá que meditar muy detenidamente sus próximas decisiones.
Ayer, ya cometió otra acción delictiva. Llevó a cabo acciones incongruentes con el Derecho Nacional e Internacional, la ética, el Derecho Penal y las Directrices de la Organización de las Naciones Unidas sobre la función de los Fiscales. Otra vez, con sus actos, abrió la posibilidad que intervenga la Corte Penal Internacional (CPI) y de esa forma, termine siendo prófuga no sólo de la Justicia Nacional, sino que también de la Internacional.
