Ramón Cadena
El Estado de Guatemala está atascado en el fango de la corrupción y cada vez se hunde y ensucia más. Se trata de un Estado autoritario capturado por la mafia, que no puede, ni podrá nunca alcanzar el bien común. Ejemplos de corrupción sobran: diferentes casos destapados gracias al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG); historias espeluznantes de avionetas cargadas con droga, que aterrizan descaradamente en la selva Petenera, sin que las autoridades hagan algo para impedirlo; fraude de ley que permite desactivar la institucionalidad de la paz; agenda legislativa regresiva que aprueba leyes cada vez más arbitrarias y políticas públicas desacertadas, que permiten entregar la función pública a entes privados. Un Poder Judicial fuerte e independiente, ha sido siempre necesario para prevenirla y luchar contra ella.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se aprobó para combatir este flagelo y para defender la independencia judicial. Fue ratificada voluntariamente por el Estado de Guatemala en noviembre de 2006. Entre otros aspectos, dicho instrumento internacional incorporó una definición de funcionario público; desarrolló una serie de normas para obligar al sector público de los Estados partes, a comprometerse con un comportamiento ético; incorporó un concepto para la prevención de la corrupción y recogió el principio de cooperación internacional.
Además, desarrolló reglas para promover la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción; tipificó delitos y creó un marco jurídico estable, que definió el comportamiento que deben tener los Estados partes para luchar en contra de este grave crimen. Tal y como lo afirmó en uno de sus considerandos, la corrupción como fenómeno transnacional, ha requerido de la asistencia técnica para que los Estados partes estén en mejores condiciones de poder prevenirla y combatirla. Las autoridades guatemaltecas, al más alto nivel, han violado dicha convención de diferentes formas, ya sea mediante acciones en contra de operadores de justicia, tolerando el tráfico de influencias, pervirtiendo al sector público con múltiples actos de corrupción o implementando sistemáticamente los hechos prohibidos en la misma.
La invitación que hiciera el grupo de donantes G-13 a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, para participar en la próxima reunión del G-13 y así poder discutir posibles formas de cooperación, se dio en un contexto en el que el Estado y sus autoridades han sido seriamente cuestionadas de cometer actos de corrupción a diestra y siniestra. La actitud intolerante, abusiva, desafiante y compulsiva del Presidente Giammattei, al rechazar dicha invitación y al catalogarla de injerencia en asuntos internos del país, nos anticipó la clase de proceso electoral al que nos vamos a enfrentar en el futuro. El enriquecimiento ilícito que ha producido siempre la corrupción, es demasiado jugoso como para dejarlo ir y renunciar a él fácilmente.
Esta negativa contrastó frontalmente con el contrato firmado en Washington, por medio del cual la empresa Ballard Partners, se comprometió a realizar, en nombre del Estado de Guatemala, acciones de “cabildeo” en EEUU. Los altos honorarios derivados de las actividades acordadas, serán pagados totalmente por Taiwán, mediante fondos propios destinados a la cooperación internacional. Un nuevo escándalo rodea a Taiwan, gracias a su obsesión permanente de ser reconocido como Estado independiente por la Comunidad Internacional.
La aparente legalidad alrededor de esta contratación, resultó ser un espejismo detrás del cual se ocultó la mala fe y la corrupción. No se debió de haber simplemente trasladado una función propia del Estado a un ente privado. Por haberlo hecho, el Presidente y su Ministro de Relaciones Exteriores, debieron de haber sido sometidos a una investigación inmediata, ya que esta negociación, bien puede significar la comisión de uno o varios delitos contra la administración pública. Claro que esta investigación nunca se llevará a cabo y los posibles delitos pasarán a integrar la extensa lista de casos impunes que hay en Guatemala.
Esta extraña contratación, provocó más desconfianza entre la sociedad guatemalteca y las autoridades adquirieron la deuda de aclarar a fondo los conceptos de injerencia extranjera, defensa de la soberanía y cooperación internacional para el desarrollo. Surgió un cuestionamiento natural, sobre el papel que debe tener la propia Embajada de Guatemala en Washington, que las autoridades correspondientes también deben explicar.
La decisión gubernamental de rechazar los términos de la carta del G-13 de fecha 19 de enero del presente año y de calificarlos erróneamente como injerencia extranjera, tenía el objetivo perverso de evitar toda fiscalización y observación internacional y de facilitar, en el futuro, que el Presidente pueda nombrar como Fiscal General, a la persona que mejor responda a sus intereses corruptos y que mejor pueda defenderlo, sin tener que enfrentar la crítica de la Comunidad Internacional.
Protegiéndose con la chamarra de la soberanía, el Ejecutivo intervino ilegalmente en los asuntos propios de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y rechazó prima facie, un ofrecimiento legítimo, formulado en forma respetuosa y comedida por el Grupo G-13 a la Comisión de Postulación. Definitivamente, el Presidente se extralimitó en sus funciones, ya que la invitación fue girada a la Comisión de Postulación y era dicha comisión de carácter autónomo e independiente, la que estaba obligada a responder y fijar su posición.
La decisión del Gobierno de la República afectó la independencia judicial y configuró una injerencia ilegal del Ejecutivo, en las actividades de una Comisión autónoma e independiente. Violó el espíritu de la Convención de la ONU contra la Corrupción; atentó en contra de los derechos más elementales de las personas y afectó no solo a la sociedad guatemalteca, sino a todas las sociedades y economías.
Sólo puede entenderse en el contexto de la corrupción que vivimos en Guatemala y que rodea el proceso de la próxima elección de Fiscal General. Giammattei ha demostrado que tiene un interés personal en dicha elección; interés que se describe muy bien así: “yo te elijo y a cambio, tú me proteges”. Con sus actos, Giammattei ha causado un daño irreparable a nuestra sociedad. Desdeñó el principio de cooperación internacional; rechazó, sin ningún fundamento válido, el ofrecimiento educado, prudente y respetuoso de asistencia técnica, que hizo el G-13.
Según la Convención de la ONU contra la Corrupción, los Estados partes deben adoptar sistemas destinados a prevenir conflictos de intereses. Al no hacerlo, el Estado de Guatemala incurrirá en responsabilidad internacional. Así las cosas, se prevé una elección de Fiscal General que podría resultar fraudulenta. La lucha para consolidar el poder autoritario, está en marcha. Ramón Cadena 24 de enero de 2022
