El Gobierno y diferentes entes del Estado han venido entendiendo que muchas cosas que trascienden a la prensa venían de personas cuyo descontento los lleva a la denuncia, que al final termina siendo un ejercicio ciudadano porque legalmente sienten que no pueden denunciar en un Ministerio Público (MP) que ahora parece una extensión de los tres poderes del Estado.
Y todo lo que ha venido pasando últimamente, incluida la citación a periodistas para conocer sus fuentes o para increparles reservas que no les aplican, porque en los procesos judiciales son las partes (nadie más) las que deben guardar la reserva –valga la redundancia–, ha tenido su efecto en la denuncia porque el silencio ha imperado a lo largo y ancho.
Los medios necesitamos redoblar los esfuerzos de investigación en un entorno en el que no hay acceso a mucha data, en el que se debe recurrir a la Ley de Acceso a la Información (a veces incumplida) para ir tratando de descifrar un buen entramado que han hecho para invisibilizar los negocios y el oscuro manejo del dinero del Estado.
Hemos regresado a las épocas de las mordidas en muchos de los negocios con el Estado y a las épocas en los que en el Congreso y en los tribunales se vuelven a pactar cosas alrededor del dinero. Contratos, nombramientos, leyes, resoluciones y sentencias son parte del menú.
Por un tiempo, estas prácticas quedaron en “stand by”, pero una vez se sintieron con la plena tranquilidad que da tener mucho Consuelo y bastantes Porras en el MP, las cosas cambiaron al punto que hasta se animaron a cambiar todo el modelo en el esquema de obras públicas.
Y se ha hecho lo necesario para que la gente piense dos veces en alzar la voz, en denunciar lo que pasa frente a sus ojos. Saben que hacer lo correcto, ahora, se juzga como se debería hacer con quienes actúan al margen de la ley. Se han invertido las cosas y el correcto sufre las consecuencias que no experimenta el mañoso.
Muchas personas están conscientes de esta realidad. Empresarios, trabajadores, ladinos, indígenas, pobres y ricos y la verdad es que cada vez más la gente entiende que lo que se vendió como una “primavera” para vivir en paz de las preocupaciones judiciales, se ha convertido en un esquema que luego usarán con cualquiera que termine siendo enemigo del régimen.
La eliminación de candidatos genera enorme preocupación y saben que a quien alce mucho la voz, le aplicarán la misma medida que han usado con algunos operadores de justicia a quienes el régimen les ha montado casos difíciles de sustentar en un Estado de Derecho real.
Creo que hay personas más conscientes pero a las que este esfuerzo por acallar la denuncia, por procurar la polarización y la falta de acuerdos les termina pasando raja porque se desconfía hasta de la sombra y la falta de confianza es un factor que hace más complicados los acuerdos.
Hay quienes, desde los extremos radicales, están felices viendo la división entre los guatemaltecos y por eso es que quienes deseamos que este país y su gente salga adelante, debemos redoblar los esfuerzos para hablar, acordar y reencausar.
