Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Poca claridad hay en torno a los eventos del sábado en Parramos, Chimaltenango. Lo que se sabe es que personeros de la Municipalidad procedieron a ejecutar un desalojo de tierras que le pertenecen y que estaban siendo utilizadas por miembros de la comunidad. Los lugareños alegan que no fueron notificados y desde la comuna insisten que sí hubo notificación.
Pero el punto es que los hechos terminaron en un zafarrancho que ya se va convirtiendo en el nuevo normal. Ayer capturaron a un Policía Municipal y un guardia privado de la alcaldesa acusado de haber disparado al aire cuando fueron “rodeados”. Falta mucho por saber y quizá nunca se llegue al fondo porque son aquellos temas que en Guatemala los tomamos como oír llover.
Pero estos zafarranchos los estamos viendo en departamentos del interior pero también lo vemos en pleitos multitudinarios en centros nocturnos de la capital y la Antigua y seguimos viendo con mucha “normalidad” la situación y las cosas se van a salir aún más de las manos.
Ahora que viene la campaña electoral, a los candidatos que no sean del agrado del sistema les puede pasar lo mismo que a la alcaldesa y preocupa que los zafarranchos terminen en tragedias que nos sigan complicando como sociedad.
Cuando uno habla de la falta de institucionalidad, de un Estado de Derecho aniquilado y de que estamos en la tierra de nadie, no es una cantaleta agradable ni un sueño hecho realidad: es la materialización de las peores pesadillas sociales.
Cuando se han mandado mensajes claros de que quien logra acceder al sistema paralelo de justicia se sale con la suya, se provoca todo un sentimiento generalizado que el castigo es solo para aquel que “no se mueve bien”, que “no tiene los conectes” o que no “tiene relación con las personas que tienen Consuelo ni el oído de Silvia”.
Estamos en la ruta del “más fuerte” y/o el “menos escrupuloso” y eso es grave para una sociedad que necesita a como dé lugar recuperar el camino de la legalidad. La falta de certeza del castigo no discrimina y ello provoca que a todos los niveles se sientan las consecuencias de la falta de derecho y de la correcta aplicación de las leyes.
Podemos pensar que como no somos “nosotros” los afectados de estas situaciones no importa, pero la realidad es que las cosas cambian en un abrir y cerrar de ojos porque la cultura de irrespeto a la ley se propaga peor que el COVID en sus picos.
Es necesario que dejemos de ver como normal lo que no es. Es importante que prediquemos con el ejemplo de cumplir con la ley, para poder exigir cuando otros no lo hagan y es necesario que en Guatemala entendamos que si no nos ponemos de acuerdo, será imposible retomar el camino de la legalidad y correcto funcionamiento de las instituciones.
Nunca se pierde la esperanza y no debemos darnos por vencidos, pero a veces parece que la sociedad optó por la sordera, la ceguera y la indiferencia como único medio para vivir.
