Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Siendo un país en el que hemos visto graves violaciones a los Derechos Humanos y donde el abuso y la prepotencia han sido, por mucho, muy superior a cualquier ley y donde la justicia ha sido la Cenicienta del cuento, siempre valoré el hecho de que se informara detalladamente por qué el Estado perseguía judicialmente a un ciudadano.
Se puede no estar de acuerdo, pero lo que era irrefutable en aquel entonces, reciente aún, es que los casos se nutrían de sólidas pruebas conseguidas con métodos legales pero desconocidos en nuestros lares y ello abrió el debate de la presunción de inocencia. Yo siempre he sostenido que no son las conferencias lo que violaba la presunción de inocencia sino el quehacer social que condena porque así contó la “fulanita”, que acepta los chismes dominicales, las mentiras de las redes sociales, las cadenas de WhatsApp como verdades absolutas, extremo que sigue pasando a la fecha.
Ahora, hasta lo que hemos visto, no son aquellas pruebas obtenidas de manera legal, técnica o científica las que se aportan si no mucho se basa en lo que dicen los Netcenters, lo que quieren Méndez Ruiz y Falla (abogado al que contratan aquellos que quieren tener el oído de la Fiscal General para proceder “cómo sea”) o lo que llegue a querer el Jefe de Jefes, que tiene Consuelo y Porras.
Por eso es que hemos insistido en que es clave, en los que ahora nos ocupan y en todos los procesos, que se sepa, que se diga cuál es el caso, en qué se fundamenta para que luego se siga el curso legal y se juzguen las cosas como debería funcionar un Estado de Derecho.
Hay quienes no quisieron reformar la justicia (ni siquiera cuando el derecho indígena se quitó de la mesa) porque entendieron que “si se controlaba la justicia” tendrían más poder. Pero falló el cálculo porque la justicia controlada depende de quién jale los hilos del momento.
Por ejemplo, el caso de los 5 empresarios que financiaron a Jimmy Morales ya no tiene razón de ser porque se modificó el delito. Ya la CC los amparó. Se fue Erika Aifán, a quienes muchos responsabilizaban de no querer “cerrar” el caso, pero resultó que salió la jueza y aún siguen con el proceso abierto.
En el ínterin, han salido y/o sido beneficiados Estuardo Gálvez, Murphy, Estuardo Galdámez y otros, pero ese caso no lo cierran porque el Jefe de Jefes y Alejandro Giammattei necesitan tener a los señores en una complicada situación.
Si no acceden a sus deseos, si no se alinean a los planes electorales del Jefe de Jefes, los amenazan con que se les puede cerrar el caso por financiamiento pero ordenar que se les investigue por un posible lavado. Hay operadores de ellos que han hablado hasta con Porras pero les siguen dando largas porque necesitan tenerlos donde quieren.
En otras palabras y como bien lo dijo Stephen McFarland, se dejaron seducir por un proyecto que prometía deshacer la justicia independiente y ahora se ven las consecuencias. Mordieron el anzuelo y le cedieron pleno control a Giammattei, Miguel Martínez, Consuelo Porras, Silvia Patricia Valdés, Leyla Lemus, entre otros y ahora no hay manera que logren cerrar su caso.
Los planes del Jefe de Jefes de cara a las elecciones son claros y no quieren voces disidentes. No quieren que nadie que se salga del rebaño y por eso la jugada de dejar el caso abierto es magistral porque los dejan en un pulso de poder y veremos quién gana.
Si cierran el caso, Martínez y Cía. sienten que rápido les darán la espalda en sus macabros planes para quedarse 4 u 8 años más. Hay gente en el sector que expresa, en silencio, lo hartos que están de Martínez, pero sabiendo que los que dirigen el régimen tienen la sartén por el mango, todo queda en expresiones casi silenciosas.
Toca decidir si articular para trazar hojas de ruta de país entre los diferentes sectores o si el silencio es el mejor compañero y elemento menos incómodo para el Jefe de Jefes.
Así es como trabaja ahora el modelo de la justicia, que de viciado pasó a ser perfeccionado para ser una garantía de las mafias en sus deseos de impunidad y corrupción. Esto afecta el desarrollo integral de los ciudadanos y la capacidad del país para atraer más inversiones serias, legales y sostenibles.
Y ese mismo sistema, es el que usan ahora para retrasar, para manipular y para operar en la oscuridad casos en lo que juran que tienen todas las pruebas (Laparra, ex operadores de justicia, Zamora) pero que no explican usando una reserva mentirosa que aplica a todos menos a los Netcenters y suspendiendo audiencias como ha sido siempre desde antes del 2015, para dejar más tiempo a la gente tras las rejas.
