Personalmente creo que las cartas están echadas en el tema de las candidaturas que han sido rechazadas por el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral y que todo es un amplio acuerdo para impedir que cualquiera que pueda ser un riesgo para el sistema, tan cuidadosamente elaborado, pueda figurar en la papeleta. Por ello llama la atención que la Corte Suprema de Justicia avise a la Corte de Constitucionalidad que “cometió un error substancial” al tramitar el amparo interpuesto por el MLP ante el rechazo a su binomio porque “se procedió a prescindir del período probatorio”.
Que una Corte Suprema de Justicia cometa el gravísimo error de resolver sin el período probatorio que establece la ley parece imposible porque, al margen de la calidad moral y ética de sus integrantes, se supone que si algo deben conocer a profundidad es el procedimiento en casos de amparo. Y es que el amparo es una institución que se establece para impedir que se puedan cometer abusos que dañen los derechos fundamentales de cualquier persona y, por lo tanto, el trámite se supone que debe ser expedito pero observando los procedimientos señalados por la ley.
Y de acuerdo a mi convicción personal de que aquí todo esto de la inscripción o rechazo de candidaturas es compadre hablado, lo que pienso es que en un caso en el que los días que transcurren son vitales, porque el plazo para la inscripción es fatal y no se puede prorrogar, un olvido así tiene la finalidad de ir estirando el proceso de manera que se agote el tiempo. Entre recursos y errores pueden consumirse semanas enteras llevando y trayendo el expediente de un lado para el otro y sin la resolución final, evidenciando que ni siquiera les interesa guardar apariencias porque operan de manera tan burda que da en verdad pena ajena.
La tardanza en resolver amparos no es cosa nueva ni extraordinaria en un sistema como el nuestro, en el que, pese a que puedan estar en juego derechos fundamentales, como puede ser el de optar a cargos públicos o, en otros casos, ejercer plenamente la libertad de expresión, las diligencias son engavetadas y retrasadas maliciosamente, aunque con ello se esté consagrando la violación de las garantías individuales.
Es por ese evidente contubernio que el gobierno mete su cuchara cuando algunos embajadores plantean una reunión con el Tribunal Supremo Electoral para ver en qué puede ayudar para la realización de elecciones libres y honestas. El fondo es que lo que menos les interesa es que las elecciones tengan esas características y por ello el malestar, no solo del gobierno sino también de quienes, con ellos, conforman esa alianza criminal que ha ido logrando la impunidad absoluta para quienes son parte de la jugada.
Según la tesis oficial, los diplomáticos solo pueden hablar con el Ministro de Relaciones Exteriores y cualquier cosa que hagan sin el permiso de la Cancillería es intolerable. O sea que son buenos para ir a recepciones y echarse los tragos, pero no pueden ni deben hablar con nadie sin el permiso del gobierno.
