Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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Hoy el representante permanente de Naciones Unidas publica una columna en Prensa Libre sobre el compromiso de la organización internacional con la paz en Guatemala, expresado en el Marco Estratégico de Cooperación 2020-2025, que establece las acciones en temáticas donde el país cuenta con mayor potencial de avanzar en el desarrollo de la paz, la seguridad y la justicia. Dice que esos ámbitos confluyen con la labor del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas.

Y me llamó la atención porque dice que en ese período el Fondo busca contribuir a forjar en el país una justicia más independiente, accesible, pertinente y eficaz, lo que ayudaría a reducir y transformar los conflictos territoriales de manera pacífica, inclusiva y colaborativa para convertir las tensiones en una oportunidad para el desarrollo sostenible. Él mismo dice que puede parecer una utopía, pero que para el sistema de Naciones Unidas es una profunda convicción que se trabaja en estrecha colaboración con actores estatales y de la sociedad civil.

Tal y como van las cosas en Guatemala, por supuesto que es una utopía, porque el camino de la justicia va precisamente en otra dirección, muy distante de ese carácter independiente, accesible, pertinente y eficaz. El diplomático no entra en detalles, por la misma naturaleza de su oficio, pero cualquiera sabe que la Justicia en Guatemala perdió por completo su sentido desde el momento en que se produjo la cooptación de las comisiones de postulación para designar magistrados sobre la base de que los electos tenían que asumir un compromiso claro e irrenunciable para servir a los corruptos que tienen el control de todo. Y ese compromiso significó el establecimiento, no solo de la impunidad, sino de la aplicación de una forma selectiva para perseguir a los que cuestionan la influencia de la corrupción en el sistema nacional.

Yo coincido con el señor Barreto en que sin alcanzar esa “utopía” no se puede hablar de construir un ambiente de paz en el país porque la justicia es el cimiento de la vida pacífica, toda vez que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no hay persona ni sector que tenga privilegios o tratos especiales. Especiales tanto para perdonar delitos como para inventarlos y eso es realmente lo que está ocurriendo en Guatemala. Me admira la capacidad del diplomático para señalar las cosas sin asumir una postura que pueda ser molesta para el país anfitrión, pues deja claro que mientras no haya justicia objetiva e independiente, la paz siempre será una simple aspiración porque no existe un instrumento para dirimir conflictos, simplemente, con apego a la ley.

Si nuestro futuro depende de la construcción de ese modelo de justicia, la verdad es que estamos para el tigre, porque aquí todo avanza en sentido opuesto. Precisamente lo que se busca es no solo mantener los vicios actuales, sino mejorarlos con lo que deberá ser la nueva conformación de las Cortes, eligiendo a los que, como pasa con la Fiscalía General, se comprometan a no fallarle en nada a la mafia que gobierna. Y el artículo sí que nos hace pensar en cuán negro se ve el panorama.

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