Lo peor que podría pasar en materia de transparencia en el gasto público es que se designara a Alí Babá y los 40 Ladrones para hacerse cargo de modificar las leyes para facilitar las adquisiciones sin tanto requisito molesto. Sería tanto como haber pretendido que “el Smiley” elaborara una ley contra las pandillas y la extorsión. La actual Ley de Compras del Estado no es en absoluto perfecta ni garantía contra la corrupción, pero que la modifique este Congreso, en vísperas de elecciones y para que fluya el dinero hacia los Alcaldes que necesita el oficialismo para reunir un millón de votos, es el equivalente a uno de los dos desaguisados expuestos al inicio.
En el Congreso avanza esa iniciativa de ley que cuenta con el aval del Ejecutivo, por supuesto, cuya finalidad es de eliminar los pocos controles existentes para permitir el rápido gasto del dinero público sin la menor rendición de cuentas. Algo así como lo que se le aprobó al Tribunal Supremo Electoral para que pueda proveerse del software que necesita para el “manejo” de los datos que genere la elección del año próximo y que apesta a fraude, garantizado plenamente por la catadura de los magistrados que tendrán el control de las votaciones.
Control que se extiende no solo a cómo se procesan los datos del resultado electoral, sino que parte del hecho mismo que pueden decidir a quién inscriben y a quién dejan fuera, utilizando raseros que no están determinados entre los requisitos constitucionales para optar a los cargos públicos.
Y como la voracidad no tiene límite, al mismo tiempo están corriendo para aprobar la creación de ese nuevo Ministerio de Ambiente en el que piensan concentrar toda una gama de funciones a fin de que nadie pase, para nada, sin saludar al rey que, en este caso, es un ministro cuyo querido familiar es el ponente de la trinquetera iniciativa.
Todo es posible porque la existencia de una sólida e indiscutible aplanadora oficialista en el Congreso, debidamente aceitada porque literalmente no hay obra sin que deje sobra, es diligente para cumplir su deber. Lo mismo para quedar bien con los exmilitares que quemaron parte del edificio del Legislativo, como con toda la banda o pandilla de proveedores del Estado que esperan sacarle raja a esta iniciativa de ley que hará más expeditos los negocios.
Lo que se pretende, aparte de hundir más en la oscuridad el manejo del dinero, es hacer los negocios más rápidamente. Los tiempos y plazos que establece la actual normativa, que de todos modos no aseguran transparencia, serán reducidos para que no haya dilación en el derroche que se tiene que hacer en el período electoral. Dinero que permitirá indirectamente comprar votos, porque comprando a los alcaldes, ellos serán los encargados de ver cómo engatusan a la gente para que acuda a darle su voto al partido oficial, al menos en las diputaciones que son, ahora, la obsesión del jefe de jefes.
Y todos lo vemos, todos lo notamos, todos sabemos que nada más que la ambición por el pisto marca el ritmo de la función pública, pero todos callamos y nos hacemos las bestias del saqueo. Tan culpables como los ladrones resultan quienes callan ante el latrocinio.
