Todo mundo recuerda las sonoras quejas sobre la supuesta “justicia selectiva” de la que se señaló a la Comisión Internacional Contra la Impunidad y a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad cuando iniciaron la lucha contra la corrupción y no faltaron los que dispusieron etiquetar ese esfuerzo como una maniobra de la izquierda para atacar a “respetables” conservadores como Otto Pérez y Roxana Baldetti, pero todos los casos fueron debidamente llevados y diligenciados en tribunales competentes donde se les ha ido asegurando al respeto al debido proceso, aún y cuando el mismo se convierta en un sainete, como el del caso La Línea, que sigue entrampado por artimañas de los sindicados que no quieren que se llegue a la etapa de sentencia.
Cosa muy distinta es lo que ahora hace el Ministerio Público en casos como el de la abogada Virginia Laparra quien tuviera a su cargo la FECI en la ciudad de Quezaltenango y que permanece en prisión como consecuencia de una serie de maniobras entre juzgadores y acusadores para entrampar el inicio del proceso en su contra. Si los otros casos pudieron ser calificados arbitrariamente como acciones de justicia selectiva, los casos que ha iniciado el MP contra quienes fueron partícipes de esa lucha contra la corrupción no llegan a serlo porque son, simplemente, acciones de represión selectiva.
Lo de justicia selectiva cobró aún más peso y significado cuando se destapó la cooptación del Estado que se hace vía financiamiento electoral no registrado que ha sido la herramienta favorita de quienes se consolidan como dueños del país comprando a los Presidentes desde antes de que lleguen al poder. Ya cuando la CICIG y la FECI se metieron con los meros meros, con quienes han prostituido hasta la raíz el sistema político mediante el soborno anticipado que, de paso, abrió las puertas a que el narcotráfico se convierta también en un enorme poder fáctico en el país, el escándalo por la supuesta “justicia selectiva” se convirtió en cantaleta propagada en las redes sociales que financian los de siempre.
Meter a una mujer a la cárcel simplemente a que se pudra recurriendo a maniobras sucias para ir postergando el debido proceso, tan cacareado como la presunción de inocencia cuando el que era detenido era uno del clan de los corruptos, es una barbaridad intolerable, un atropello burdo a los derechos humanos y algo que debe ser repudiado por la población porque hoy es Virginia Laparra, pero el día de mañana cualquiera puede sufrir el mismo trato inhumano si por alguna razón se cruza en el camino o en los intereses de los que tienen el control de todo el aparato de la manoseada legalidad en el país.
El Estado de Derecho, tan cacareado, está siendo destruido de manera absolutamente cínica y descarada, aprovechándose de la indiferencia de una población que no atina a entender las consecuencias funestas de esos actos que siembran semilla que el día de mañana puede brotar en cualquier campo, en cualquier proceso y en cualquier escenario en el que se disponga castigar a alguien de manera represiva y arbitraria.
