Imaginemos por un momento que el gerente de una empresa, callada la boca y sin hacer alboroto, negocia un Pacto Colectivo con los sindicalistas sin tomar en cuenta a los directivos y los socios de la empresa. Seguramente que el individuo sería no sólo despedido sino se le deducirían responsabilidades porque no puede disponer de bienes que no son suyos ni asignar recursos que no le pertenecen para una componenda que él haga con los dirigentes sindicales que, por cierto, recibirían sus ingresos extra como compensación por el “esfuerzo” realizado al beneficiar a todos los trabajadores.
Por supuesto que la empresa podrá alegar que se usurparon funciones porque el gerente, por alto que sea su cargo, no es propietario y por lo tanto no puede comprometer a la empresa en un acuerdo que costará mucho dinero a lo largo de los años. Pues bien, exactamente eso es lo que ha hecho la Ministra de Educación al suscribir, también bajo de agua, un Pacto Colectivo con el sindicato de Joviel Acevedo, comprometiendo recursos que no son de ella y ni siquiera del Ministerio, porque se trata de fondos del erario que son propiedad de los habitantes del país y no es posible que de manera tan arbitraria como sería la del gerente de marras, se hagan micos y pericos en la suscripción de acuerdos que, de paso, no se traducen en ninguna mejora de la calidad educativa, como se ha podido comprobar a lo largo de muchos años de estar chineando a Acevedo y sus huestes para que sirvan de fuerza de respaldo a los gobiernos no solo impopulares sino corruptos.
El tema de los Pactos Colectivos es importante y demanda que haya una amplia discusión que permita conocer las reales disponibilidades financieras del Estado que es, en este caso el empleador, de manera que no se asuman compromisos que terminen siendo devastadores para las finanzas públicas. Ningún Pacto Colectivo tendría que ser suscrito sin que, por lo menos, el Congreso diera de alguna manera un aval porque se le obliga, por varios años, a situar asignaciones presupuestarias que sólo compete hacer al pleno de los diputados. Si por alguna razón un ministro loco firma un pacto imposible de pagar, por supuesto que nos veríamos en un serio problema porque los trabajadores inmediatamente irían a la huelga como reacción natural, aunque ello signifique perjuicio para miles de quienes reciben los servicios públicos.
Pero como ya están acostumbrados a que en Guatemala todo se puede hacer sin que nadie levante la voz ni haya un aire con remolino, simplemente se procede con la mayor desfachatez, comprometiendo los recursos nacionales. Eso no puede ocurrir aquí ni en ningún lugar del mundo porque un Ministro no tiene la facultad y capacidad legal de asumir compromisos que ni siquiera sabe si se pueden cumplir. Si la actual Ministra no sabe ni jota de pedagogía y educación, qué se puede esperar que sepa de Finanzas Públicas y, sin embargo, se embarca en un sucio Pacto que firma sin el menor rubor y sin que nadie tuviera conocimiento de lo que se estaba acordando.
