Si fuera un caso aislado sin duda que daría mucho de que hablar y la gente podría pegar el grito en el cielo por la aberrante resolución que otorga arresto domiciliario a quienes evadieron órdenes de captura y permanecieron prófugos por mucho tiempo. Pero en la Guatemala de hoy eso ya no causa ninguna sorpresa ni malestar entre la opinión pública porque siendo familiares de un diputado que al que señalan de haber dirigido toda la operación de saqueo realizada en el Insivumeh y contra quien no hay siquiera solicitud de antejuicio, por supuesto que se entiende que ellos también tienen que disfrutar del cuello que les coloca en un plano de especial preferencia ante la justicia.
Hemos sido testigos de cómo se van cayendo, uno a uno, los casos que fueron investigados en el marco de la llamada lucha contra la corrupción que no sólo se dirigió contra funcionarios mordelones (en realidad supermordelones), sino también alcanzó a contratistas y proveedores, llegando hasta contra figuras de muy elevado perfil cuyo “único delito” fue sobornar anticipadamente a quienes llegarían a la presidencia mediante la farsa de financiamientos electorales que en realidad eran, nada más y nada menos, que la forma de comprar a políticos dispuestos a venderle el alma al diablo.
Lo que inició en el año 2015 con el caso La Línea, que 7 años después se sigue ventilando en medio de enormes esfuerzos por dilatar el proceso, cabalmente a la espera de que llegaran estos tiempos mejores, como decía Mario Estrada, en los que la capacidad del ente a cargo de la persecución penal desapareciera por completo, sin que atinen siquiera a presentar un buen caso en contra de Benito, el dueño de las millonarias maletas que la antigua FECI descubrió en una casa de la Antigua Guatemala.
Y esa Guatemala carente de justicia y, por supuesto, de un verdadero Estado de Derecho es la que el nuevo Canciller piensa promover con todo orgullo como el perfecto destino para atraer nuevas inversiones. Sin duda estará pensando en inversionistas como los de la Terminal de Contenedores Quetzal, esos que compran sus “derechos”, o los rusos que a punta de costosas alfombras se han adueñado del campo de la extracción de metales. No digamos de las redes de narcotráfico que han traído al país montones de pisto, vigorizando nuestra economía, estimulados por los incentivos que les ofrecen quienes ponen a las instituciones de seguridad a su servicio.
El Insivumeh fue creado en el gobierno de Laugerud luego del terremoto de 1974 y hasta el gobierno de Jimmy Morales había sido una institución técnica en la que los políticos no metían las manos, respetando la importancia de su labor en temas de prevención no sólo por el carácter sísmico del país, sino por la forma en que fue mejorando en la previsión del clima, lo que se fue haciendo cada vez más importante frente al aumento de tormentas resultado del calentamiento global.
Pero como ahora si que no queda santo parado, hasta esa institución se convirtió en moneda de cambio para la compra de votos y cayó en manos de la corrupción. Pero para fortuna de los que lo hicieron, existen tribunales blandos y comprensivos de las reglas de juego que sin el menor rubor se pintan de cuerpo entero.
