Hace un año, por estas fechas, también andaban con la alharaca del Presupuesto Abierto como una paja para dormir incautos durante todo el proceso de elaboración y, sobre todo, de negociación para elaborar el Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Y todo mundo recuerda cómo terminó ese ejercicio, en un mamotreto que estaba diseñado para la piñatización y el saqueo de los recursos nacionales en el marco de la corrupción que es el eje conductor de toda la política pública en el país. Se arranca con el diseño original que hacen los técnicos de Finanzas Públicas, donde ya se toman en cuenta los compromisos que hay con financistas de campaña, pero luego todo va al Congreso donde, para mantener “lealtades”, se meten otros compromisos financieros que se traducen en obras en los distritos que no buscan atender necesidades de la gente, sino de los diputados y sus contratistas.
Justamente lo mismo tiene que estar ocurriendo ahora por la sencilla y elemental lógica de que si el presupuesto está siendo elaborado por el mismo Ministerio de Finanzas que atiende las peticiones de cada una de esas instituciones capturadas por la corrupción y luego se envía a los mismos diputados que tienen el encargo de aprobarlo en definitiva con los cambios que siempre introduce con mucha habilidad la importantísima Comisión de Finanzas del Congreso, donde se termina de cocinar el paquete.
En otras palabras, no hay ningún elemento que permita suponer que se va a proceder en forma distinta a lo que se hizo hace un año en cuanto a usar el presupuesto como herramienta para el saqueo. En todo caso, ahora habrá más descaro y más desfachatez porque se tiene la absoluta certeza de que la impunidad ya se convirtió en característica esencial de la Dictadura de la Corrupción.
Hace un año en el Ministerio Público todavía se trataba de guardar algunas apariencias y por lo menos había algunos Fiscales que hacían su trabajo y continuaban con investigaciones serias, esas mismas que por ser dirigidas en contra de los ladrones ahora son señaladas como un ejercicio de “justicia selectiva marcado por criterios ideológicos”, con lo que indirectamente y sin querer insinúan que todos los ladrones investigados tendrían que ser “honorables derechistas”.
Y no olvidemos lo que pasó el año pasado, cuando la gente salió a la calle, aún en medio de la pandemia, para protestar por ese burdo instrumento de saqueo, ni la forma brutal en que se le reprimió después de ese muy misterioso incendio en el Congreso de la República que, por supuesto, no ha sido debidamente investigado por el Ministerio Público. El gobierno, asustado, llamó a la OEA y hasta esa entidad que es comparsa de gobiernos corruptos terminó zafando la varita a Giammattei. Así sería de asqueroso lo que encontró la misión enviada al país.
De no ser por el aparecimiento del vicepresidente Castillo, a quien le dieron atole con el dedo, la protesta hubiera continuado pero se hizo creer que había un cambio de rumbo, una disposición a rectificar que calmó la protesta ciudadana. Hoy ya sabemos que fueron pajas y que van por todo, sobre todo cuando empiezan a sentir que se les agota el tiempo y escuchan pasos de animal grande.
