Oscar Clemente Marroquín

ocmarroq@lahora.gt

28 de diciembre de 1949. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Periodista y columnista de opinión con más de cincuenta años de ejercicio habiéndome iniciado en La Hora Dominical. Enemigo por herencia de toda forma de dictadura y ahora comprometido para luchar contra la dictadura de la corrupción que empobrece y lastima a los guatemaltecos más necesitados, con el deseo de heredar un país distinto a mis 15 nietos.

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La institucionalidad debe entenderse como el cimiento o fundación de algo y por ello tiene pleno sentido el fervoroso llamado a defender la institucionalidad de un país sumido en la corrupción donde todas las instituciones, ahora ya sin excepción, están al servicio de los que se dedican al saqueo nacional para enriquecimiento próximo. Por supuesto que todos los que se benefician de ese Estado corrupto tienen que defenderlo con uñas y dientes, sobre todo cuando se dan cuenta de que empieza a reaccionar una ciudadanía que fue tolerante pero a la que el negocio de las vacunas, con sus secuelas de muerte, ha terminado por sacudir.

Ayer se dijo que es preciso defender la institucionalidad y evitar la confrontación provocada por quienes buscan ventajas políticas. Aquí los únicos que tienen ventajas políticas son los que llevan años poniendo a nuestros corruptos gobernantes financiando sus campañas a cambio de la protección a ultranza de sus privilegios. No hay mayor ventaja política que la que obtiene quien, operando en la sombra y financiando en secreto, controla el ejercicio del poder al delegarlo en políticos corruptos, que ellos seleccionan para que sean sus operadores a los que dejan robar impunemente, a cambio de que les permita seguir siendo el poder más grande dentro de esa institucionalidad que, por supuesto, tienen que defender a capa y espada porque sin ella no serían lo que son, pero son tan ciegos que ni siquiera se dan cuenta que su institucionalidad terminará en manos de un populista o de un declarado narco, al paso que van las cosas.

Los que suscribieron el comunicado de la Cámara de Industria no hablan en nombre de todos los empresarios, ni siquiera de todos los industriales del país, quienes en su mayoría no sólo trabajan y se esfuerzan por emprender e invertir en un país que no ofrece ni siquiera certeza jurídica, sino que no son parte de la corrupción. Si alguien cree que en Guatemala hay una institucionalidad que defender está totalmente ciego porque cada día es más evidente que la institucionalidad democrática, la que se deriva de un pueblo ejerciendo su soberanía, no existe aquí donde las elecciones no se ganan sino se compran y donde los tres poderes del Estado son presa de una absoluta captura.

Por supuesto que los que pusieron al gobierno tienen que defenderlo de manera vehemente porque eso es parte del trato y porque, tal y como se ve venir la cosa, no pueden controlar el movimiento que está empezando a surgir. Pero son tan ignorantes y tan ciegos que están atando su propia suerte a la de una institucionalidad agonizante que demanda cambios profundos y urgentes porque prostituyó al Estado que ahora es incapaz de cumplir con sus fines esenciales. Basta ver lo de la pandemia, la farsa de los hospitales temporales, que serían “los mejores de Centroamérica” según el presidente, y la incapacidad para tener mínimos de empatía con la gente que se enferma y corre gravísimo riesgo de muerte.

La cosa, sin embargo, pasó de castaño a oscuro y los que dividieron al país creando la polarización, ahora piden unidad de todos cuando es obvio que ya resulta demasiado tarde para su causa. Unidad para protegerles sus intereses apuntalados por la institucionalidad que constituye el cimiento de la enorme y desmedida corrupción.

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