Siempre he pensado que todos podemos cometer errores y hasta caer en ilegalidades en un país donde traspasar los límites que imponen las leyes y la ética se llega a considerar como la cosa más corriente del mundo. Es sabido que muchas de las universidades, incluyendo la estatal, han sido capturadas por mafias que entienden lo importante que pueden ser en el proceso de cooptación de la justicia y sobre eso se ha dicho y escrito mucho, razón por la cual la actitud que ayer asumió públicamente la Universidad Da Vinci, al comunicar que se ha constituido como agraviada dentro del expediente iniciado para determinar la veracidad de las certificaciones presentadas por magistrados del Tribunal Supremo Electoral que fueron electos por el Congreso, es un ejemplo digno de encomio porque demuestra interés por asumir responsabilidades y esclarecer la verdad.
La Universidad ha explicado que los certificados fueron firmados por el ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Juan Carlos Rodil Quintana y solicita que sea la Fiscalía Especial Contra la Impunidad la que investigue los hechos dadas las especiales y graves circunstancias que rodean este caso. Mientras muchos están tratando de acabar con la FECI precisamente por su eficiencia en la investigación de diversos delitos relacionados casi todos con la corrupción y la impunidad, la Universidad Da Vinci pide expresamente que sea esa fiscalía la que conozca este caso de muy alto impacto porque del mismo se podrían derivar otros en los que magistrados o aspirantes a magistraturas del Poder Judicial también han recurrido a ese procedimiento de falsear certificaciones para acreditar maestrías o doctorados nunca realizados.
Si se siguiera el patrón impuesto desde hace tiempo, las autoridades de la Universidad hubieran hecho todo lo posible por, como decimos en buen chapín, apachar el clavo procurando proteger su imagen. En cambio, al constituirse como agraviados dentro del proceso están manifestando su disposición, no sólo a proporcionar la ayuda que haga falta, sino también a contribuir a que el hecho penal sea claramente esclarecido para que los responsables sean castigados. Y eso es lo que me parece muy importante en este caso porque actitudes de ese tipo son las que permiten soñar con un futuro distinto cuando en vez de enterrar el pasado y echarle tierra a los errores, se asumen responsabilidades para iniciar un proceso de cambio.
Es un mensaje claro que se envía a la sociedad. Asumir responsabilidad de nuestros actos es un paso esencial para emprender la transformación que requiere el país y por supuesto que hace falta valor admitir no sólo algunos fallos sino hasta acciones que implican la comisión de delitos, pero es la única forma en que se pueden realmente resolver los problemas. A partir de ahora la Universidad Da Vinci inicia una etapa que le permite aspirar a figurar dentro de las casas de estudios superiores que se pueden considerar prestigiosas, cabalmente por esa actitud de sus autoridades actuales que abandonan la práctica de acciones delictivas y perversas realizadas bajo el alero de la universidad.
Ojalá este caso sirva de precedente para que se pueda eliminar del contexto la idea de que hay universidades creadas únicamente para incidir en las postuladoras.
