Mariela Castañón
mcastanon@lahora.com.gt
El acceso a la información pública es un derecho que no se limita a periodistas y medios de comunicación, es de toda la población guatemalteca.
Actualmente, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) es la entidad garante para que se cumpla el derecho al acceso a la información pública. A través de las Secretaría de Acceso a la Información Pública, es posible supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados respecto a las disposiciones contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública.
No obstante, recientemente se conoció la intención de modificar la normativa y crear la Oficina de Nacional de Acceso a la Información Pública (Onaip), que supuestamente velaría por el cumplimiento de la Ley.
Lo complejo de todo esto, es que la Onaip estaría bajo el resguardo del Congreso, lo cual es sumamente preocupante, porque todos conocemos a la mayoría de los funcionarios públicos que tenemos en el Organismo Legislativo y no podemos confiarnos; nos han demostrado, con sus acciones, lo que son capaces de hacer.
Desde hace algunos años, utilizo la Ley de Acceso a la Información Pública para realizar mi trabajo periodístico y gracias a la información obtenida y a la intervención de la PDH, ha sido posible revelar actos de la administración pública que han tratado de ocultar.
En este espacio, es necesario destacar la labor de la licenciada Rosa María Juárez Velásquez, quien por lo menos hasta el año 2016, estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH y jugó un papel preponderante para lograr que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula me entregara información después de lo ocurrido en el Cambray, por otro lado para que la Superintendencia de Telecomunicaciones informara de las multas impuestas a empresas de telefonía que no habían implementado soluciones técnicas (bloqueo) en los centros de privación de libertad, o cuando ocurrió una violación en el Instituto Adolfo V. Hall y necesitaba escudriñar más datos en el Ministerio de la Defensa, entre muchos otros.
Además, la licenciada Juárez se tomó el tiempo de explicarme detalles técnicos de la normativa para comprender y requerir la información adecuadamente.
En la actualidad, también es relevante el rol del PDH, Jordán Rodas, quien está atento y activo para que se resuelvan las solicitudes de información pública cuando se requieren. Yo le he copiado a su correo muchísimas veces en mis solicitudes y le he pedido su intervención cuando las oficinas de información pública no quieren proporcionarme lo requerido, para evitar la rendición de cuentas.
Por eso, es vital que el Congreso, que reitero, toda la ciudadanía conocemos, no sea la entidad encargada de velar por el cumplimiento de la normativa, porque sabemos que no lo hará. Una población limitada al acceso a la información no puede tener claridad sobre el uso de los fondos públicos, ni de las acciones de los funcionarios.
