En Guatemala la justicia se ha convertido en un espejo distorsionado donde las penas y las reparaciones dignas son desproporcionadas con el daño causado. El principio básico de proporcionalidad, que debería ser la columna vertebral de cualquier sistema judicial, se diluye en resoluciones que parecen más dictadas por “delincuentes” que por la búsqueda de justicia.
El ejemplo es tan grotesco como cotidiano. Hace años escribí sobre una sentencia de una madre que roba una barra de margarina para alimentar a su hijo, cuyo caso terminó con una condena de 10 años de cárcel cuando debió ser un trabajo comunitario. Mientras tanto, funcionarios que se embolsan millones de quetzales enfrentan sanciones “irrisorias”, con reparaciones que son una burla. La desproporción es hasta ofensiva. ¿Cómo puede considerarse justa una resolución que equipara el robo de un alimento con el saqueo de fondos destinados a infraestructura, salud, educación y seguridad?
El problema es la discrecionalidad con que los jueces aplican la ley, si los compran es una nada, sino son rigurosos. En un sistema corroído por la corrupción, la decisión judicial se convierte en moneda de “trueque”. Si el juez ha recibido una coima, la resolución se acomoda al poderoso, reduciendo el daño a una nada, como dijo por allí alguien estuvieron a poco de pedirle “perdón”. Así, el dinero robado se convierte en un monedero.
La justicia guatemalteca parece olvidar que el daño al erario público es tangible. Cada quetzal robado es un quetzal menos para una sociedad que necesita desarrollo. La corrupción no es un delito sin víctimas; es un crimen que perpetúa la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, las reparaciones impuestas por los tribunales rara vez reflejan esa realidad. Se limitan a cifras “irrisorias” que no compensan ni remotamente el daño causado, son resoluciones que dan risa y hacen que uno piense mal porque son sentencias que más parecen un chiste de mal gusto.
Otro ejemplo se encuentra en las plazas contratadas en el Estado. La ausencia de una Ley de Servicio Civil permite que personas sin méritos suficientes sean contratadas por favores políticos y no por mérito. Cuando finalmente son retiradas, demandan al Estado y, en muchos casos, logran indemnizaciones que superan los millones de quetzales. La Contraloría General de Cuentas impone multas simbólicas de mil quetzales, mientras el funcionario irregular se lleva millones. El resultado es el mismo, otra vez el erario nacional se ve afectado y la reparación es desproporcional.
Un abogado que ve estos temas me contó que los trabajadores se ponen de acuerdo con las oficinas estatales de personal y hacen los contratos de una manera que sea ilegal, pero que al recibir la indemnización se reparten el “botín”. En los ministerios de Gobierno, el pago por sueldos caídos es millonario, dinero que sale legalizado por una sentencia judicial. Así la vida es un paraíso.
La raíz del problema está en un sistema judicial que ha perdido su brújula ética y de honorabilidad. La proporcionalidad de la pena y la reparación del daño deberían ser principios inquebrantables, pero en Guatemala se han convertido en conceptos maleables, sujetos a la voluntad de quienes controlan el poder y los tribunales de justicia, sino veamos la división que hay entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-.
La consecuencia es devastadora, los mismos jueces han hecho que se pierda la credibilidad en las instituciones, donde la corrupción se percibe normal y donde la impunidad se ha convertido en norma. Es urgente replantear el sistema de reparaciones en Guatemala. No basta con imponer penas de prisión; es necesario que la reparación económica sea proporcional al daño causado.
Si un funcionario roba Q100 millones, debe devolver 100 millones, más los intereses y las sanciones correspondientes. Solo así se restablecerá la reputación en la justicia y se enviará un mensaje claro de que el saqueo al erario no quedará en una broma. Lo que más le duele al corrupto es cuando le tocan el bolsillo y por eso tiene que devolver lo saqueado.
Este tipo de casos no son casualidad, sino el resultado de un sistema manipulado desde sus raíces. Quienes controlan las propuestas en las Comisiones de Postulación saben perfectamente lo que hacen al sugerir nombres de profesionales coludidos, cuya función no es impartir justicia, sino garantizar impunidad. Por el momento, tenemos una Guatemala que protege al corrupto y castiga al ciudadano común y corriente.
La consecuencia trasciende hasta el fondo de nuestras capas sociales. Sin certeza jurídica, la inversión nacional se retrae y la internacional se espanta, dejando al país atrapado en un círculo de corrupción e impunidad que bloquea cualquier posibilidad de desarrollo. Somos vistos como el sexto país más corrupto de América Latina.
