Esta semana el Gobierno que preside Bernardo Arévalo, presentó la Agenda Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo que surge de la Política General de Gobierno 2024-2028, la cual proyecta como eje estratégico la construcción de una función pública legítima y eficaz para transformar la forma de hacer Gobierno, brindar servicios públicos de calidad y optimizar la atención de la gente que hace trámites de diversa índole ante las instituciones de Gobierno.
En 2024 el Acuerdo Gubernativo No. 106-2024, creó el Comité Nacional para la Modernización del Organismo Ejecutivo (CNM) que está presidido por el Ministro de Finanzas Públicas y lo integran la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) que ejerce como secretaría técnica, la Secretaría General de la Presidencia (SGP), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec). Para iniciar sus actividades realizaron un diagnóstico institucional que identificó necesidades, dividió el trabajo en cuatro pilares de transformación y creó cuatro mesas temáticas que integran la agenda de modernización. Los pilares son: 1. Transformación institucional. 2. Transformación del servicio público. 3. Transformación digital. 4. Transformación del territorio.
El objetivo central de cada pilar es el siguiente: El institucional persigue “modernizar normas, procesos y cultura del Organismo Ejecutivo”. El del servicio público, se propone “profesionalizar y modernizar el sistema de recursos humanos”. El digital aspira a, “poner la transformación digital al servicio de la población”. El del territorio es para, “activar Gobiernos Departamentales y desconcentrar el Gobierno central”.
Con relación al objetivo general de cada pilar la agenda de modernización indica: Pilar 1. Transformación Institucional. Los problemas a atender son cuatro, (a) un aparato estatal que creció por agregación y no por diseño; (b) duplicidad de funciones entre entidades; (c) trámites administrativos lentos y complejos; (d) sistemas de planificación, presupuesto y monitoreo desconectados entre sí. Guatemala ocupa una posición secundaria en el GovTech Maturity Index del Banco Mundial (2022), el objetivo es: “Fortalecer las capacidades institucionales para modernizar y hacer más eficientes los procesos administrativos y de gestión pública, con transparencia y rendición de cuentas. Es el pilar que sienta las bases normativas para que los otros tres pilares puedan avanzar.”
Pilar 2. Transformación del servicio público. El problema es que, la Ley de Servicio Civil, vigente desde 1968, tiene una aplicación limitada y fragmentada que no responde a las necesidades actuales de la administración pública. El diagnóstico institucional identificó seis nudos críticos: Discrecionalidad en los nombramientos, estancamiento institucional de la ONSEC, débil planificación del recurso humano, uso inadecuado de contrataciones temporales para funciones permanentes, negociación colectiva sin control técnico y asimetría salarial entre instituciones. Esta combinación de debilidades normativas y operativas erosiona el mérito, la transparencia y la coherencia salarial dentro del Estado, limitando su capacidad de atraer, retener y gestionar adecuadamente el talento humano necesario para prestar servicios públicos de calidad, por tal razón, el objetivo es, “Modernizar el Sistema Nacional de Servicio Civil, consolidándolo como un sistema transparente, ágil y efectivo que fortalezca la capacidad institucional del Gobierno para brindar servicios públicos de calidad.”
Pilar 3. Transformación digital. El problema es que el Estado de Guatemala presenta un atraso en trasformación digital, reflejado en el puesto 121 de 193 países en el Índice de Gobierno Electrónico (EGDI por sus siglas en inglés) de la ONU, por debajo de países vecinos como Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Aunque el marco institucional muestra cierta solidez normativa, persisten debilidades estructurales: ausencia de una Ley Marco de Estado Digital, brecha territorial en conectividad entre zonas urbanas y rurales, servicios públicos digitales fragmentados entre instituciones sin interoperabilidad y un componente de participación electrónica particularmente débil, que limita la capacidad del Estado de escuchar y responder a la ciudadanía a través de canales digitales. Esta combinación reduce la eficiencia administrativa y perpetúa brechas de acceso para poblaciones rurales indígenas, ante ese rezago el objetivo es: “Impulsar la transformación digital del Organismo Ejecutivo de Guatemala mediante servicios públicos en línea modernos, ágiles y transparentes, que eleven la satisfacción y confianza ciudadana y se traduzcan en una mejora sostenida de la posición del país en el Índice de Gobierno Electrónico (EGDI) de la ONU:”
Pilar 4. Transformación del Territorio (Gobierno Departamental). Aquí el problema es que el área rural, predominantemente indígena, ha sido objeto de un aislamiento histórico del Estado, lo que ha convertido a buena parte del territorio en zona expulsora de migrantes. El desarrollo productivo –economía social, Mipymes, pueblos indígenas y campesinos- se define como eje articulador de la inversión pública en cada departamento, en ese sentido el objetivo es: “Activar Gobiernos Departamentales como instancia político-administrativa intermedia entre el gobierno central y los municipios, para desconcentrar la toma de decisiones y articular la inversión pública según las prioridades reales de cada departamento.”
Desde 2024 cuando se instaló el Comité Nacional para la Modernización y en cumplimiento de los objetivos citados, al día de hoy se han alcanzado algunos resultados en los cuatro pilares de transformación indicados, pero es obvio que todavía hace falta mucho camino para andar, hasta alcanzar mejores posiciones en los índices de Gobierno Electrónico de la ONU y el del GovTech Maturity del Banco Mundial. Para impulsar esta Agenda de Modernización, el Ejecutivo cuenta con apoyo y acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con financiamiento del Banco Mundial.
P.S. ¿Cuánto cuesta la campaña de imagen personal del usurpador de la Usac, Walter Mazariegos, pagada con fondos públicos que transmiten en vallas luminosas de la calzada Rooselvelt?
