Los Juegos Centroamericanos 2025 fueron concebidos como un evento magno, un espacio de integración regional donde las siete delegaciones deportivas participaron con entusiasmo en una actividad que debía proyectar disciplina, esfuerzo y unidad.
Sin embargo, lo que pudo ser una vitrina de orgullo se convirtió en una justa opaca, marcada por el actuar cuestionable de los dirigentes. Guatemala, que debía salir fortalecida ante sus vecinos, hoy queda mal parada frente a los países centroamericanos, que observan con desconfianza lo actuado por los dirigentes deportivos guatemaltecos.
El Comité Organizador aún no ha liquidado el presupuesto de Q53 millones que manejó para la realización del evento. Más grave aún, se transfirieron más de Q13 millones a los comités olímpicos de los seis países participantes, dinero que según la Ley del Deporte debe invertirse en los atletas guatemaltecos y no para congraciarse con las delegaciones extranjeras que, por falta de recursos, llegaron con delegaciones modestas, según consta en las actas 71, 72, 73 y 78 del Comité Organizador y no por parte de la Asamblea del Comité Olímpico, máxima autoridad deportiva.
Lo que en principio podría parecer un gesto de solidaridad se convierte en un indicio de irregularidad cuando se descubre que las transferencias no se realizaron por el Banco de Guatemala, sino mediante cuentas privadas y triangulaciones con bancos extranjeros. Los casos más llamativos son los de Nicaragua y Belice, que recibieron dinero triangulado a través de bancos en Estados Unidos, lo que abre la puerta a sospechas mayores: lavado de dinero.
Las transferencias, según información pública fueron realizadas entre el 11 de septiembre de 2025 y el 02 de octubre del mismo año, días antes de la inauguración de los juegos regionales, cuando hubo 12 meses para organizar la bienvenida de las delegaciones centroamericanas. En los documentos consta que Costa Rica recibió US$342,441.56, El Salvador: US$357,591.50, Honduras: US$251,063.77, Panamá: US$360,097.30, Belice: US$107,500.95 y Nicaragua: US$327,589.85. En el caso de estos dos últimos, la transferencia fue por medio de los Bancos de América Central con sede en Miami y United Texas Bank, Estados Unidos y destino final Banco de América Central de Nicaragua y el Belize Bank Limited de Belice, con lo cual se materializó la triangulación del dinero guatemalteco.
Es fundamental subrayar que estos Q13 millones forman parte del Presupuesto General de la Nación. No se trata de fondos autónomos ni de recursos privados, sino de dinero proveniente de los impuestos. Por ello, no cabe hablar de autonomía en su manejo, porque es obligatorio rendir cuentas claras de lo gastado. Más aún, la ley exige que se presente una Memoria de Labores del evento, un documento que debería detallar el uso de cada quetzal y que hasta ahora brilla por su ausencia. Toda esta maraña fue realizada por un convenio de subvenciones, apoyado de un reglamento elaborado por la gerencia del COG, sin modificar el estatuto vigente, lo cual es ilegal porque un convenio no es más que un estatuto.
La pregunta es inevitable: ¿por qué se recurrió a mecanismos financieros opacos cuando existían canales institucionales para realizar las transferencias? La respuesta, aunque aún no oficial, apunta a prácticas que buscan ocultar el rastro del dinero y evadir controles. En este contexto, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos tienen la obligación de poner las “barbas en remojo” y esclarecer por qué se permitió que recursos públicos circularan fuera de los sistemas de control establecidos.
La magnitud del presupuesto y la forma en que se manejó no son asuntos menores. Estamos hablando de más de Q53 millones cuyo destino final sigue sin documentarse, y de Q13 millones que salieron del país bajo esquemas financieros cuestionables. En un país donde cada quetzal destinado a infraestructura, salud o educación es vital, resulta inadmisible que se juegue con fondos públicos como si fueran patrimonio privado.
El deporte, que debería ser un espacio de integración y orgullo nacional, se ve empañado por prácticas que evocan más a la corrupción que al espíritu olímpico. Los atletas, que entrenan con sacrificio y representan con dignidad a sus países, merecen que los recursos destinados a su participación se administren con transparencia.
El patrón es claro desde cualquier punto de vista. Los recursos públicos destinados al deporte se han convertido en terreno fértil para la corrupción, la discrecionalidad y el abuso. Guatemala no puede tolerar que el deporte sea utilizado como fachada para el saqueo. Este caso se debe investigar y sancionar con rigor, o se aplaudirá la impunidad.
La Intendencia de Verificación Especial (IVE), el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos (SIB) deben ser los encargados de ver este caso, no solo para determinar responsabilidades, sino para enviar un mensaje claro, de que los recursos públicos no son botín de nadie. La triangulación de fondos con bancos extranjeros es una señal de alarma que exige respuestas inmediatas y contundentes. Porque al final, lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino la credibilidad de un país entero.
