Aunque el Presupuesto General de la Nación debe ser utilizado para crear, incrementar, modernizar y mejorar la calidad de vida, en Guatemala no se logra el bienestar de la sociedad, sino que únicamente el bienestar de los bolsillos de los gobernantes, quienes hacen, lo que les viene en gana, para mejorar sus ingresos olvidándose para lo que realmente sirven los impuestos.
Los tributos tendrían que ser invertidos para mejorar la calidad de vida de los más vulnerables, situación que no se da porque la mayoría de funcionarios públicos no dan la talla y no dan los resultados que se necesitan para mejorar los índices de desarrollo en temas de educación, salud, infraestructura y seguridad alimentaria.
Estos sujetos, que son cuentadantes, no cumplen con lo que manda la ley y por el contrario no son trabajadores productivos que puedan ser evaluados por resultados, incluso una gran mayoría llegan a los cargos por medio de favores políticos y no por capacidad, por lo únicamente se dedican a ver por dónde agarran para “engordar” sus billeteras.
Guatemala tiene cifras que dan vergüenza y únicamente somos superados por Haití, incluso tenemos índices que nos colocan como uno de los países más pobres en América Latina. En lo único que si somos buenos es en la corrupción, muchas personas hasta hablan de que la corrupción se ha vuelto endémica y nos afecta como una enfermedad.
En educación tenemos un alto índice de analfabetismo (reprobados), en salud no podemos dar la cobertura que se necesita a la población más necesitada (reprobados), infraestructura nuestra red vial esta en trapos de “cucaracha” (reprobados) y en seguridad alimentaria ni digamos porque se tiene un alto grado de desnutrición (reprobados), lo cual significa que nuestros gobernantes no han pasado la prueba y deberían de rendir cuentas por su mal trabajo.
La empresa privada nunca permitiría un trabajador de este calibre, los pondrían de “patitas en la calle”, porque no son empleados productivos y no se les puede medir por resultados, mientras que al trabajador privado si lo miden por productividad y resultados, lo cual marca una diferencia abismal entre lo público y privado.
Y si a todo esto le sumamos que el Estado es un ente no funcional, porque el presupuesto es utilizado en un 80 por ciento para pago de salarios y el 20 restante para gasto público, nos convierte en un país que hace las cosas al revés. Incluso somos una nación en donde los alcaldes reciben millones de quetzales en dietas, mientras que los pobladores no tienen ni siquiera agua potable, alumbrado público o drenajes.
Pero eso sí, los Ministros han decidido unilateralmente con los sindicalistas la erogación de millones para pagar bonos navideños, del día del lápiz o del día del borrador, como se les quiera llamar, pero todo en “secreto”, para evitar la auditoría social.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación desembolsará unos Q342.5 millones aproximadamente para pagar un bono de Q2 mil 500 a empleados de esa cartera. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobaron, el pasado 15 de diciembre, otorgar como “única vez” una bonificación de Q2 mil 500 a los funcionarios, jefes y empleados de la institución con el argumento de apoyar económicamente al personal.
Y para cerrar con broche de oro, los magistrados y jueces se recetaron, también en secreto, “un bono mensual” de (Q1 mil 600), incremento de honorarios (Q46 mil 800), una bonificación (Q375) y gastos de representación (Q23 mil), lo cual es totalmente un abuso, para una sociedad que tiene una “mora judicial” muy elevada, que no permite que en Guatemala se pueda hablar de la aplicación de justicia, sino que por el contrario que tenemos ausencia de la misma.
Estas decisiones unilaterales, sin estudios de factibilidad y en secreto, constituye una falta de transparencia en el quehacer público, pero ha sido visto como normal, porque nadie hace nada y todo lo dejamos pasar. Los guatemaltecos nos hemos convertido en “monigotes” de la clase política, que hace “micos y pericos” sin que entreguen cuentas de como manejan los fondos del Estado.
