Marco Trejo
Guatemala afronta una inflación en los últimos meses del 9.38 por ciento y el valor de la canasta básica familiar se ha visto afectada, en más del 600 por ciento, causado por el valor de los combustibles, cuyo precio ha alcanzado datos como los vividos entre 2008 y 2009, cuando afrontamos la mayor crisis económica de la historia del país.
El aumento de los carburantes provoca una “bola de nieve” en los precios de los productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Ampliada (CA), por lo que ahora una familia guatemalteca necesita un promedio de Q3,633.85 mensualmente, para llevar la comida a sus mesas.
Pero si le aumentamos lo que corresponde a la Canasta Ampliada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el alquiler de vivienda, transporte, vestimenta, salud, entre otras necesidades, se eleva la cifra a Q7,780.40 mensualmente, algo que pareciera imposible con los salarios que se perciben en este momento.
La tortilla y el pan son dos alimentos fundamentales en la dieta de los “chapines”, pero su valor ha aumentado un 39.94% y 30.38% respectivamente, con relación al mismo mes del año pasado. Todo esto porque hemos pagado Q11 más por el valor del galón de combustible, ya no digamos por el diésel que ahora es más caro que las gasolinas súper y regular.
En otros países los gobernantes han congelado los precios de los combustibles para paliar el aumento internacional de los precios del combustible y diésel, pero en Guatemala se ha sugerido como solución, que, por espacio de tres meses, se suspenda de manera temporal el Impuesto de Distribución del Petróleo (IDP).
Esta sugerencia es porque no está claro en que se invierte este tributo, que aumenta en Q4.70 (súper), Q4.60 (regular) y Q1.30 (diésel), impuestos que evidentemente, no son utilizados para el mantenimiento de las carreteras, sino que van a parar en los bolsillos, de los que cada cuatro años, se convierten en los nuevos ricos de este país. Más del alguno podría decir: “no se oye ministro Pimentel”.
Lo que sí hicieron los “honorables diputados”, fue aprobar el decreto 19-2022, una Ley Temporal a los Consumidores de diésel y gasolina regular, la cual no es una garantía porque los precios han ido en alza, en vez ayudar a sobrellevar la crisis económica que se afronta a nivel mundial. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), tampoco ha funcionado y ahora ya no solamente es tolerante con los “boticarios”, sino que también con los gasolineros.
Ahora resulta que los diputados opositores encontraron, en la revisión del Presupuesto General de la Nación, que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), puede utilizar los saldos no ejecutados, según dice Carlos Barreda: “al revisar encontró que se entregaron más de Q2 mil millones en subsidios”. Entonces el congresista asegura: “ese dinero ahora está en la bolsa de dos o tres empresarios, importadores y comercializadores del combustible”.
También revela Barreda: “tenemos que denunciar al Ministro de Energía de Minas, Alberto Pimentel porque van a corroborar las ventas brutas y todo tiene que cuadrar con el IVA y los impuestos del petróleo”. De lo que sí está seguro el congresista, es que hay alrededor de tres importadores, que cobraron más subsidio y no pagaron los impuestos que corresponden”.
Es inconcebible que el ministro Pimentel ha visto sufrir durante la pandemia a los guatemaltecos para llevar la comida a sus mesas y el aprovechándose del sufrimiento de miles de familias, supuestamente “robándose”, parte del dinero de los subsidios, haciendo su “agosto en plena crisis”.
Hasta cuándo vamos a permitir que los “politiqueros” hagan de las suyas, estos personajes hacen política solamente para llegar a vaciar las arcas del Estado, no tienen moral y valores porque su objetivo es llenarse los bolsillos con dinero que debería servir para llevar desarrollo al país. Sino es Juana, es chana, este proceder lo vemos por toda la administración pública.
Las Gremiales de Combustibles han salido a defender, él por qué del precio de los combustibles, en las bombas de despacho, dicen que todo depende del precio internacional, los impuestos, la logística y la distribución y que los comercializadores locales son las que al final calculan los montos de venta. Ni modo se tapan con la misma chamarra y ahora ya no solamente son especuladores, sino que “rateros”.
