Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Marco Trejo

Guatemala ha caído en lo más bajo de un listado de 17 países latinoamericanos y es catalogado, como una de las naciones, con altos índices de corrupción, incluso del 2020 para la fecha somos calificados, como el país más corrupto de la región centroamericana. Estos datos emanan de un estudio de una institución internacional que se especializa en el tema: Vance Center.

El Vance Center es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, que cuenta con profesionales del Derecho que velan para promover una profesión legal que conlleve a la aplicación de la justicia.

Los gobernantes, la mayoría politiqueros, nos han llevado hasta este punto y sus aviesos intereses, hacen que al ocupar puestos de gobierno, lleguen a enriquecerse a manos llenas, lo malo es que lo hacen con fondos públicos, que deberían de ser utilizados, para buscar desarrollo de los guatemaltecos.

Guatemala está posesionada al fondo de la tabla, entre los cinco países centroamericanos, se encuentra con una calificación de 3.54, muy debajo de Costa Rica (7.04), Honduras (4.05), Panamá (4.61) y El Salvador (4.2). La medición fue basada en una puntuación máxima de 10 puntos, donde cero es la calificación más baja.

En el listado de 17 países estamos en el puesto 16, solamente arriba de la Venezuela de Nicolás Maduro, el peor calificado del continente con 3.54 puntos. El país mejor visto es Uruguay (8.36), seguido de Chile (7.96), Costa Rica (7.04) y Brasil con (6.7).

El informe del año pasado (2020), resalta que los esfuerzos para prevenir la corrupción este año son casi nulos y que las instituciones (encargadas de la administración de justicia), han sido utilizadas con fines políticos y esto afecta grandemente la calificación que tiene el país.

Lamentablemente el estudio señala que en este gobierno se ha retrasado en el combate a la corrupción, aunque hay aspectos evaluados que mostraron una leve mejoría, con respecto al año anterior, como es la legislación que obtuvo (2.83 puntos).

El eje que nos sumerge en el “charco de estiércol” es el relacionado a la función gubernamental (2.22) sobre 10, lo cual hace que nuestra evaluación sea una de las peores y todo porque no existe la voluntad política para fortalecer las instituciones, que deberían velar por la certeza jurídica, la cual es casi nula en el Estado guatemalteco.

El reporte del ente internacional deja bien claro que a pesar de haber regulaciones y sanciones importantes para el ejercicio del empleado público, las mismas no se cumplen por los conflictos de interés y la falta de capacitación de los funcionarios estatales que carecen, en su actuar, de transparencia en el manejo del erario nacional.

Es muy vergonzoso que muchos “politiqueros”, porque no pueden ser llamados políticos, hayan perdido la vergüenza y se hayan convertido en vulgares ladrones que no se ponen a pensar, en lo que le estamos dejando a las próximas generaciones, quienes son obligados a pensar que deben migrar a otros países para tener una oportunidad y que es mejor irse de su tierra para lograr tener un mejor futuro de vida.

Esto no lo digo yo, lo dicen los jóvenes que están terminando sus estudios de diversificado y quieren seguir en la Universidad. Se muestran frustrados y prefieren buscar nuevos horizontes, en vez de hacer una carrera profesional que les permita aportar en el país que los vio nacer.

Es notorio que los partidos políticos perdieron la brújula y no cumplen la función que les fue otorgada en la Constitución Política de la República, y pasaron a ser entidades sin valores, ideología y convicciones como se estipula en una democracia que nos dan derechos y obligaciones, para crear mejoras colectivas y no personales.

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