Marco Tulio Trejo

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Soy periodista, comunicador social y un soñador creador de opinión pública, para hacer conciencia que permita mejorar los problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan y nos mantienen inmersos en una sociedad con pocas oportunidades de vida para las nuevas generaciones. Estoy convencido de la importancia que tiene la prensa, en el fortalecimiento de la democracia, para coadyuvar a la consolidación de un Estado de Derecho con una certeza jurídica y el lema de mi señor padre siempre fue: “la pluma no se vende, ni se alquila”.

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Marco Trejo

Karla no se imaginó que ir a visitar a su señora madre, sería padecer un calvario porque iba a ser multada, injustificadamente, en un operativo de alcoholemia instalado por agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales. La operación policial más parecía, un puesto de asalto, que una acción policial que pretende bajar los índices de accidentalidad, que se han incrementado, en un 43 por ciento en los primeros seis meses del año en comparación al 2019.

Era el final de la tarde del sábado 7 de agosto (17:00 horas), y Karla viajaba en su vehículo con sus dos hijos, uno de 10 y la mayor de 22 años, cuando en el kilómetro 29.8 de la ruta que conduce hacia Santa Elena Barillas para bajar a Villa Canales, le marcaron el alto, unos agentes de la PMT, quienes tenían montado un operativo de control de alcoholemia.

Aunque el jefe de la PMT, Julio César Méndez Lorenti asegura: “estos operativos los han intensificado, para bajar los índices de accidentalidad, en esa ruta, donde solamente este año han muerto más de 20 personas, no sabe, a ciencia cierta, que paso en este caso y hará una investigación interna para determinar qué fue lo que sucedió con los agentes denunciados”.

Por su parte Karla me dice: “No puede ser que a uno le impongan una multa de esta manera, no ingiero licor y viajaba con mis dos hijos, sería irresponsable que manejara en estado de ebriedad”. “Nunca me han multado y ahora tengo dos multas que son injustas y todo porque una agente se inventó que manejaba bajo efectos de licor”.

El agente que me marco el alto, me solicitó los documentos de identificación y la papelería del vehículo, se los entregue, pero cuando me solicitó que soplara en el alcoholímetro, no lo hice porque se veía sucio y no iba a exponerme a contraer alguna enfermedad y más, en estos tiempos de pandemia, cuando he pasado cuidándome más de año y medio para no contraer el covid-19.

En eso se acerca una mujer policía, pero lo hace de una manera prepotente y abusiva, me sentí acosada, hostigada y violentada por la forma como actúo. Ella quería que soplara la boquilla, pero me negué porque no se veía higiénica, entonces empezó a decirme de todo y más pareciera que me quería coaccionar para que les diera dinero y eso no lo he hecho y no lo voy hacer porque no quiero ser parte de la corrupción que hay en el Estado guatemalteco.

Posteriormente, el agente rocía alcohol con un dispensador para desinfectar el alcoholímetro y me pide nuevamente que sople la boquilla y lo hago contra mi voluntad aunque sabía que la prueba iba a salir por encima del nivel permitido (0.38), pero fue porque le echaron alcohol puro y eso alteró el resultado. La mujer policía seguía insistiendo que manejaba alcoholizada y me amenazaba llamar a la Policía Nacional Civil (PNC), para que me consignaran junto a mi vehículo, entonces me dio dos multas por el resultado de la prueba y otra por no firmar la boleta, en total más de Q5 mil, sin tomar en cuenta los honorarios del abogado, el pago de una prueba particular, que por cierto salió con un rango de 0.13 muy por debajo de lo permitido (0.25-0.30).

La mujer multada (Karla), al final de cuentas fue doblemente multada y tuvo que asesorarse de una abogada, quien le apoya para impugnar las remisiones con el Juez de Asuntos Municipales, ha perdido tiempo y dinero, pero lo más preocupante del caso es que ha sido víctima de la prepotencia de una agente que al tener autoridad cree que se puede sobrepasar con los ciudadanos, quienes al final de cuentas con los impuestos pagan la plaza que ostenta.

Es necesario que los alcaldes, especialmente los de los municipios, pongan las barbas en remojo y no permitan que sus Policías Municipales de Tránsito afecten a la población con multas inexistentes, tal como podemos observar en las redes sociales, donde los usuarios denuncian, a cada rato, abusos por parte de los agentes de tránsito. Incluso se menciona que dicho actuar deviene de órdenes superiores, que les permite agenciarse de dinero proveniente de multas, para mejorar la recaudación municipal, lo cual es totalmente inapropiado y falto de ética.

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