Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
En mi columna del 9 de marzo titulada “Infraestructura Vial, el “Mecanismo” y Financiamiento Electoral” hice unas reflexiones sobre las deficiencias en la normativa legal aplicable a la construcción de infraestructura, particularmente la vial, y cómo se abusa de la normativa respectiva para encarecer obras, generar oportunidades rentistas y cómo se alimenta un ciclo de sobornos y de financiamiento político ilícito. En dicha fecha, los medios de comunicación reportaban que se iba a discutir una ampliación del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) de Q 3,191,242,500.00 para “mejorar la red vial”. Hoy esa ampliación ya fue aprobada pendiente la sanción, promulgación y publicación por el Ejecutivo, existiendo rumores reportados por la prensa que existen componendas entre el Organismo Ejecutivo y algunas agrupaciones políticas del Congreso sobre la distribución convenida de obras a realizar con tal ampliación para financiar sus campañas políticas del ciclo electoral del 2023.
Tanto los casos de CICIG/FECI del 2015 al 2019, como las recientes revelaciones sobre la declaración ante juez del testigo protegido (el Testigo “A”) acerca del financiamiento de la campaña política de VAMOS en el balotaje a través de canalizar aportes por medio de una constructora a la que se le habían otorgado obras viales, han desnudado y puesto en conocimiento de la población la forma en que la construcción de infraestructura vial es un barril sin fondo del cual pueden echar mano las redes ilícitas para financiar proyectos políticos. También es un “secreto a voces” que se lava dinero del narcotráfico a través de redes de constructoras con conexiones políticas con partidos políticos conspicuos.
Pero menos comentario o análisis se ha escuchado en como este fenómeno si no se detiene redundará en entronizar, aún más, a una cleptocracia que le irá restando espacios a los canales de financiamiento de la política lícitos. Desde el retorno a la democracia, es bien sabido que los sectores económicos tradicionales financiaban gran parte de la política. Aunque puede ser objeto de debate, quizá el cénit de lo anterior ocurrió en el financiamiento de la campaña del PAN que gobernó 1996-2000.
Pero lo anterior comenzó a cambiar en la campaña de 1999. En las elecciones que ganó el FRG liderado por Alfonso Portillo, se comenzó a gestar un proceso en el cual capitales emergentes creados a través de negocios con el Estado y otros con fondos puramente ilícitos comenzaron a disputarle el poder a los sectores económicos tradicionales. El lector se podrá recordar la constante tensión que existía entre el sector empresarial organizado y el gobierno del FRG. Es durante ese gobierno que muchos ven iniciar el régimen de la ampliación del régimen territorial de la corrupción hacia los gobiernos municipales y departamentales, es decir, se “horizontalizó” la corrupción estatal. De esta época también surgen otros males y actores que fueron objeto de la ahora frustrada depuración judicial del 2015 al 2019. Clanes y redes políticas como la de los Quej en Alta Verapaz, los López en Quiché y los Arévalo en Totonicapán, por nombrar algunos, encuentran su inicio o su despegue político en la gestión del FRG. El modelo de cooptación de las Cortes y del Colegio de Abogados fue divisado en esta época bajo liderazgo del entonces esposo de Zury Ríos, Roberto López Villatoro. El modelo patrimonialista de la administración estatal vigente tiene sus cimientos en la citada época.
Sin embargo, en el ciclo electoral del 2003, los sectores económicos tradicionales se empeñaron en disputarle el poder al FRG y lograron ganar las elecciones con la Gran Alianza Nacional (GANA) que consistió en una coalición de partidos políticos que trajeron a la palestra política a muchos actores que luego gobernaron en el Partido Patriota. Desde dicha fecha no ha existido otro proyecto político que tenga lazos tan fuertes con el sector empresarial organizado. Haciendo un salto a julio 2015, CICIG en unos de sus informes ya calculaba que para ese entonces el 25% de los fondos de financiamiento de la política eran lícitos provenientes del sector empresarial organizado (en su gran mayoría), simpatizantes y otros canales privados, 50% provenía de contratistas del Estado de distinta índole y un 25% del crimen organizado. Esa merma en el poder “adquisitivo” de “capital político” preocupó a algunos actores cuando vieron que Manuel Baldizón tenía una estructura de financiamiento que básicamente no necesitaba de ese 25%. Ahora sabemos de qué forma la campaña de Lider provenía de dinero de la corrupción y del narcotráfico. Por ello se puede explicar, en parte, la forma en que financiaron la campaña de Jimmy Morales de la forma que lo hicieron y el resto es historia.
Me aventuro a opinar que dada la profundización del fenómeno de la corrupción en los últimos años y que deliberadamente ha existido una alianza indecorosa entre políticos y los afectados por los casos CICIG/FECI del 2015 al 2019 para destruir la lucha contra la corrupción y los controles republicanos, el sector empresarial organizado no aportó a las campañas políticas del ciclo electoral del 2019 un monto ni remotamente cercano a su cuota del 25% que otrora se calculó en 2015 como financiamiento no ligado a contratistas del Estado o al crimen organizado. Además, pudiera anticiparse será mucho menor para el 2023. Me parece que con el status quo actual seguirá ocurriendo lo que Vilfredo Pareto denominó “circulación de élites” en el cual, a través del Presupuesto del Estado y los frutos de la corrupción, más la simbiosis de contratistas del Estado con el crimen organizado y el lavado de dinero, los sectores económicos tradicionales, y en general, los sectores gremiales lícitos, irán perdiendo aún más influencia política y la capacidad propia de promover y defender sus intereses.
En beneficio propio los sectores empresariales y gremiales deberían apreciar lo anterior, dejar de ver el pasado reciente y promover una reforma estratégica del Estado, de la normativa de construcción de obras gris y vial y del financiamiento de la política tratando de disminuir el flujo del dinero corrupto e ilícito a la política, y con ello, alinear nuestros intereses como país con los intereses geoestratégicos y de seguridad nacional de EE. UU. Sin embargo, irónicamente, hay actores a quienes se les había empezado a desplazar luego de la circulación de élites del gobierno del FRG, que parecieran obstinados en defender un modelo contra el que lucharon y compitieron hace 20 años e incluso apoyarán sus proyectos políticos en el 2023. De seguir en esa trayectoria, es muy probable que el proceso de desplazamiento se acelere y sea total. Se consumará lo que algunos temieron ocurriera en un gobierno de Manuel Baldizón en 2015.
