Por: Lic. Luis Fernando Bermejo Quiñónez
@BermejoGt
lfernandobermejo@gmail.com
En la columna de la semana pasada mencioné que los sucesos de la lucha contra la corrupción en Rumanía en el período aproximado de 2014 a 2019 habían sido sumamente similares a los ocurridos aquí durante los años 2015 a 2019. Algunos lectores me pidieron que ahondara en esto y lo trato de sintetizar en esta columna.
Laura Codruța Kövesi actualmente es la Fiscal General Europea. A los 33 años, en 2006, fue nombrada Fiscal General de Rumanía siendo la primera fiscal mujer, la persona más joven de asumir el cargo y la única en terminar el período de su cargo completo en el año 2012. En mayo 2013 asume la dirección de la Dirección Anticorrupción Nacional de Rumanía (o DNA), una agencia encargada de combatir la corrupción. Durante su mandato se inició la cruzada contra la corrupción más grande en la historia de Rumanía. Del año 2014 a 2017 procesó a más de 3000 personas, incluso siendo alcanzado el Primer Ministro de dicho país, Victor Ponta, el Presidente de la Cámara Baja del Parlamento, 11 ministros, 23 diputados, 94 alcaldes, 22 magistrados y 32 empresarios. La labor de la fiscal tenía alto nivel de apoyo popular.
No obstante, como podrá intuirse, la Fiscal comenzó a tener importantes detractores y críticos que comenzaron a tratar de minar su labor. En particular, de forma muy similar acá al famoso “Pacto de Corruptos” de septiembre 2017, en enero 2017, el gobierno recién electo, arguyendo que existía una sobrepoblación en las cárceles, modificó el Código Penal y el Código Procesal Penal. La “movida” fue catalogada por la oposición política como una forma de descriminalizar la corrupción política, otorgando una “de facto” amnistía a los importantes funcionarios enjuiciados por la DNA. El estallido popular fue tal que en febrero 2017 las protestas se intensificaron y se estima que por días hubo 500,000 personas protestando. Ante el descontento popular las leyes fueron retiradas y no entraron en vigor.
Adicionalmente, la Fiscal Kövesi comenzó a ser atacada por sus detractores de dirigir sus investigaciones de forma “selectiva” para favorecer intereses partidarios, en particular en contra de los miembros del Partido Social Demócrata (tendencia de izquierda) y en favor del Partido Nacional Liberal (de tendencia de derecha). Así, se forjó importantes enemigos en la clase política. En 2018, el partido gobernante (el PSD), creó la “Agencia de Investigación de Ofensas Judiciales” para investigar jueces, magistrados y fiscales. Desde el inicio esa agencia se vio como una medida que buscaba afectar la independencia judicial y de los fiscales. No hubo que esperar mucho para que la Fiscal Kövesi fuere investigada habiendo sido citada ante dicho ente por múltiples casos de los cuales fue absuelta hasta junio 2019.
Paralelamente, el Ministro de Justicia, Tudorel Toader, propuso su destitución a inicios del 2018 argumentando que había cometido diversas ofensas, entre ellas, conducta autoritaria, “mediatización de la justicia” y hasta de promover una “mala imagen” del país en sus entrevistas sobre casos de corrupción. Aunque inicialmente no quería hacerlo, el Presidente Klaus Iohannis (del Partido Nacional Liberal) fue obligado a removerla en julio 2018 por lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional. Su remoción fue impugnada por la Fiscal ante la Corte Europea de Derechos Humanos y el 5 de mayo del 2020 ésta falló que la destitución había violado el artículo 6 numeral 1) de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el debido proceso.
En 2019 fue nominada para ser Fiscal General Europea. A pesar de la aprobación de la comunidad internacional, el más férreo opositor de la misma fue el Gobierno rumano que cuestionaba su idoneidad. Eventualmente fue nombrada en 2020 como Fiscal General Europea y sigue en funciones.
Como puede apreciarse, de la síntesis del episodio de la lucha contra la corrupción en Rumanía de 2014 a 2019 se desprenden importantes paralelos con Guatemala. Las acusaciones de “justicia selectiva” y de motivaciones “ideológicas” se usan por igual por sectores y políticos de derecha acusando a la izquierda (Guatemala) y viceversa (Rumanía) cuando se trata de deslegitimar las acusaciones. El status quo se une, aunque sea transitoriamente, para no afectar sus intereses de corto plazo. La manipulación de las instituciones y del Código Penal es una constante. La independencia judicial se ve maltrecha en los esfuerzos de impunidad, y quizá, la más importante es que, como lo ejemplifican los casos de Thelma Aldana y la Fiscal Kövesi, aún y con sus posibles desaciertos, luchar contra la corrupción cuando “la corrupción es el sistema” puede traer importantes consecuencias negativas al que se atreve hacerlo.
