Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

El Presidente Giammattei abierta y descaradamente anunció que la promulgación de un Estado de Prevención sería para controlar las manifestaciones de inconformidad de la población. Ayer, en Consejo de sumisos ministros, consumó esta decisión. El tono de las declaraciones a los periodistas al anunciarla con la agresividad emocional que lo caracteriza, es una diáfana evidencia de su propósito: reprimir esa expresión de inconformidad ciudadana. Prácticamente define a los inconformes como sus enemigos. Y lo hace con cólera neurótica.

El estado de prevención lo pudo haber impulsado justificándolo únicamente con la necesidad de tomar medidas que atajen el creciente contagio de la Covid, sin explicitar su utilización para los propósitos represivos referidos. Pero su emocionalidad lo traicionó y terminó haciendo transparente el perverso interés de utilizar un recurso constitucional para reprimir una legítima protesta social. Tiene claro que hay riesgo inminente que la indignación ciudadana comience a crecer y que produzca movilizaciones peligrosas para su pretensión de gobernar sólo en función de sus particulares intereses y los correspondientes a sus aliados mafiosos. Utilizar esta facultad constitucional para ese objetivo es una afrenta a la democracia y al Estado de Derecho.

El comunicado de la Cámara de Industria emitido hace pocos días es funcional para las intenciones del Presidente y sus ministros, de reprimir a quienes pretenden crear, según su sectaria visión, polarización y convulsión social.

Por su parte, las autoridades indígenas de los 48 cantones con sabiduría asistieron esta semana a un acto donde el Presidente les entregó la silla de Atanasio Tzul, símbolo del liderazgo que intentó resistir la opresión de los pueblos indígenas. Recibieron la silla, pero advirtieron que, si las condiciones lo requerían, ellos saldrían a manifestar con o sin estado de prevención. O sea que el Presidente al organizar ese acto intentó “ir por lana, pero salió trasquilado”, como dice el refrán popular. Sub estima la capacidad política de esos pueblos y sus liderazgos.

El desgaste del Presidente continúa, la tendencia pareciera ser irreversible y, además, muy temprana en relación al tiempo que tiene de gobernar. Sin embargo, su poder no radica en su deteriorada legitimidad política, sino que en el respaldo que tiene de las redes político criminal, como las denominó la CICIG, que ahora tienen un amplio control de la institucionalidad estatal. Es tal este control y su atrincheramiento, que el gobierno norteamericano tiene limitaciones para impulsar un “golpe suave”.

Mientras tanto, las élites tradicionales de empresarios y sus ya escasos corifeos, mantienen la “mesura”, y continúan con su alianza implícita con el Presidente y las mafias que lo rodean (porque a mi parecer que pese a su cuestionable conducta de complicidad, no son parte orgánica de esas redes político criminales).

Sin duda, el país necesita un liderazgo político y social para superar la crisis política que vivimos y la dramática situación creada por la pandemia y la incapacidad gubernamental para enfrentarla. Lamentablemente, el Presidente no parece estar en esa capacidad, ni siquiera muestra voluntad para ello. Esa deseable conducta de estadista es un traje que le queda demasiado grande.

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