Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Luis Fernández Molina

Hasta el día de hoy no hay ningún argumento, ninguna razón válida para la contratación de software “sofisticado” para implementar los próximos comicios generales. Más aún, no se ha especificado ninguna laguna o deficiencia en el sistema que se ha venido utilizando desde la época democrática. Claro, se dan pequeñas discusiones respecto a si un voto es nulo o no; diferencias iniciales respecto a la sumatoria de las papeletas, yerro que inmediatamente se corrige repasando nuevamente los números. También se ha manifestado actos de inconformidad y hasta de sabotaje, quema de urnas, amenazas a votantes, pero estos han sido hechos muy aislados que no han afectado la gran sumatoria de la totalidad de los sufragios.

Son muchas las voces que se escuchan respecto de la fortaleza de nuestro actual sistema, por ello no quiero ser repetitivo. Basta decir que cada una de las juntas receptoras (de cerca de 22,000) se controla a sí misma con la participación de diferentes ciudadanos voluntarios (cerca de 60,000) y fiscales de los partidos quienes al final de la jornada abren la urna y van sacando papeleta por papeleta y a viva voz van diciendo por quién va el voto. Es común que los noticieros transmitan “en vivo” la actividad. A continuación, se redacta un acta con los números finales, acta que es firmada por los integrantes de las juntas y los fiscales. Más de alguno le tomará foto a dicha acta. Posteriormente, cuando se anuncien resultados municipales, departamentales o nacionales, cada uno de los integrantes de la mesa estará pendiente de los resultados particulares de esa mesa y, protestar, en caso de alguna diferencia con los datos que hubiera recogido. Al final de la noche o en la madrugada se consolidan los datos que, en emocionante transmisión, van compartiendo los medios conforme informaciones del TSE. Simple, efectivo y muy seguro. De hecho, así se desprende de la LEPP y de su reglamento. ¿Por qué cambiarlo? ¿Sistema biométrico? ¿Ya hay un banco de datos? ¿No es acaso el CUI y el DPI el medio legal de identificación personal? ¿A qué horas se iría a capacitar al personal para implementar “el nuevo software”?

Por otra parte, no se ha escuchado el firme respaldo de los otros miembros del Tribunal; después de todo el TSE es un órgano colegiado donde los cinco magistrados tienen igual voz y, sobre todo, voto. Quisiera oír la opinión de los magistrados Gabriel Aguilera, Mynor Franco, Ranulfo Rojas o la doctora Alfaro. Algo deben decir frente a la ola de críticas a la compra de referencia.

Y esto de cambios electorales es como una “moda”. En nuestro vecino México hubo una gran manifestación (minimizada por el gobierno) a lo largo de la Avenida de la Reforma, que protestaba por los intentos del presidente López Obrador de hacer modificaciones al sistema eleccionario.

Preocupa el gasto innecesario de 600 millones de quetzales. Preocupa la poca transparencia y publicidad. Preocupa que se pretenda modificar un sistema que ha venido funcionando satisfactoriamente. Pero lo que más preocupa es esa inconfesada intención de hacer ese gasto y esos cambios, a casi dos meses de la convocatoria a elecciones.

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