El artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana, con base en los principios de la Carta de la OEA y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de Quebec señala que “la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización”. Dicha norma sirve de base para que el artículo 20 de la Carta Democrática establezca que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
Tal normativa ha servido de base para las seis reuniones (la última celebrada el pasado lunes 4 de diciembre) que han sido convocadas por el Consejo Permanente para tratar el extraordinario y escandaloso caso de Guatemala, único país del mundo –probablemente– en donde parte de la institucionalidad del Estado (el Ministerio Público y el Congreso principalmente, aunque también ciertos jueces y magistrados con la anuencia –por supuesto– del presidente saliente) conspiran impunemente y están socavando el sistema democrático de gobierno, al mismo tiempo que tratan de burlar la voluntad ciudadana expresada en las urnas poniendo en marcha lo que ha venido siendo llamado como un “golpe de Estado en cámara lenta” el cual, paradójicamente, pero en estricto apego al Estado de Derecho, hasta ahora no ha contado con el respaldo de las fuerzas armadas, única instancia capaz de “patear el tablero” (violar abiertamente la Constitución) impidiendo (si ese llegara a ser el caso) que se respeten los resultados de las dos vueltas electorales celebradas en los meses de junio y agosto del año en curso que, como todos sabemos y ha sido debidamente certificado por el TSE (actualmente bajo el furioso ataque de los golpistas) dieron el triunfo al partido Semilla así como a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Por supuesto, la digna oficialidad del ejército reconvertida al respeto de la Constitución de la República debe ser encomiada por no haber cedido a los aspavientos legaloides de los golpistas y a su perorata desquiciada, pero también hay que tomar en cuenta que, desde el punto de vista geopolítico, un realineamiento de Guatemala en la escena internacional es imposible: no hay China ni Rusia que vengan en auxilio de los golpistas guatemaltecos y Taiwan e Israel están demasiado alineados con Washington como para pensar que podrían “desalinearse”. Además hay que considerar el hecho que si Estados Unidos ha sabido ubicarse en este hemisferio en la posición correcta de defensa de la democracia, la institucionalidad y el imperio de la ley esto se debe a que cualquier asonada militar incrementaría con refugiados políticos a los cientos de miles de migrantes económicos que –por el saqueo de los fondos públicos y la ausencia de oportunidades laborales– se han visto obligados a buscar trabajo en el país del Norte (más de tres millones de emigrados guatemaltecos están sosteniendo la economía nacional con sus envíos de remesas, que este año llegarán a unos 20,000 millones de dólares, o sea más de un 20% del PIB y cantidad que supera con creces a los 14,000 millones del conjunto de las exportaciones) de modo que dichos flujos migratorios se han convertido en un problema de seguridad nacional para la potencia americana, algo que –aunque sea erróneo desde nuestra propia perspectiva– así lo perciben en Washington tanto republicanos como demócratas –recordemos la “tolerancia cero” de Trump– de modo que tratándose de una percepción bipartidista que determina la “manera de ver las cosas” junto a las políticas correspondientes, tampoco es posible pensar que, en este terreno, habrían cambios significativos con el cambio de administración en el 2025. La corrupción y la ideología autoritaria del “pacto de corruptos” que nos desgobierna son el principal problema de Guatemala pero también de la Casa Blanca. Nuestro país no puede darse el lujo de enemistarse con Estados Unidos y no solo por razones vinculadas a una demografía galopante que en las últimas décadas ha visto en el “sueño americano” una solución, sino que también habría que agregar que el sector empresarial no puede arriesgarse a que nos impongan sanciones económicas como las que ya están sufriendo países como Venezuela o Nicaragua –los otros dos expulsados del sistema interamericano– y que, por lo visto, constituyen el “sueño de los golpistas” .
Una nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA está convocada para este jueves. Dependiendo de la evolución de la crisis política los países miembros podrán considerar una resolución para “disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”. No obstante, “…en caso que las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si así lo aconsejare la urgencia del caso, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática”.
Esto último, como prescribe el artículo 21, podría llevar a la convocatoria de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General lo cual –en su momento, si se llegara a consumar la ruptura del orden democrático– permitiría a la OEA tomar las decisiones para “… suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”. Ya antes dijimos porqué somos escépticos frente a las posibilidades de un golpe militar, de manera que el otro golpe (el “técnico-legal” del MP y adláteres) tendría que enfrentarse –siempre desde esta perspectiva internacional regional, porque también se puede acudir Naciones Unidas– recurriendo a la misma OEA bajo el amparo del artículo 17 –ya cuando Bernardo Arévalo haya asumido la Presidencia de la República– que establece que “ cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. Ojalá que esto no sea necesario y que la nueva legislatura, que deberá asumir poco antes de la transmisión del mando el próximo 14 de enero, entienda la gravedad de las circunstancias en que nos encontramos y adopte las posiciones políticas que vayan en la dirección de terminar con la crisis. Y esto mismo, por supuesto, cabría esperar de las Cortes.
