Por Luis Alberto Padilla
Así calificó lo sucedido en Ciudad Juárez el senador Emilio Álvarez Icaza. Como sabemos, los actos sistemáticos que un gobierno pone en marcha como parte de un plan o política planificada que da lugar a continuas acciones violatorias de los derechos humanos o del derecho humanitario pueden ser llamados crímenes de Estado. Cuando los gobiernos militares de Guatemala pusieron en marcha políticas sistemáticas de violación de los derechos humanos y del derecho humanitario durante el conflicto armado estas acciones constituyeron crímenes de Estado. Guatemala recibió la visita de relatores especiales (Colville de Culross, Héctor Gros Espiel, Mónica Pinto y Christian Tomuschat) que fueron nombrados por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra (el ahora Consejo) fue precisamente para elaborar informes acerca de lo que acontecía en nuestro país. Tales informes motivaron reiteradas resoluciones que facilitaron que se suscribieran los Acuerdos de Paz de 1996 durante la administración de Álvaro Arzú. La situación actual ha mejorado relativamente porque ya no vivimos un conflicto armado como el de esos años en que se cometieron crímenes de lesa humanidad que para algunos juristas eminentes, como quienes integran la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, pueden considerarse como crímenes de Estado.
Independientemente del debate doctrinario acerca de si quienes cometen esos crímenes pueden ser los Estados o solo los individuos al frente de algunos órganos del Estado, lo que es indudable es que tanto lo ocurrido recientemente en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez en donde 28 guatemaltecos fallecieron como consecuencia del incendio que se produjo, como la forma en que actuaron los agentes mexicanos que se negaron a abrir las puertas para que la gente saliera y salvara sus vidas, todo lo sucedido constituye un crimen de Estado (según noticia de Prensa Libre los detenidos no pudieron reunir los 200 dólares que estos miserables individuos les pedían para abrir las puertas). Por este crimen deberán pagar tanto los directamente responsables según declaraciones en conferencia de prensa del presidente López Obrador. Sin embargo, como indirectamente es responsable el propio Estado mexicano que, aunque no se le puedan aplicar sanciones penales si puede recibir sanciones civiles debiendo pagar las reparaciones correspondientes a los familiares de las víctimas, incluyendo las que corresponden a otro crimen reciente ocurrido en Tamaulipas en enero del año pasado, en el que 16 guatemaltecos fueron asesinados por agentes policíacos sin que hasta la fecha tengamos conocimiento de los resultados del proceso que debió incoarse contra tales agentes o si se pagó alguna reparación por parte del estado mexicano a los familiares de los fallecidos.
Por otra parte, es importante decir que los dos crímenes antes mencionados, así como muchos otros cometidos en el pasado responden a una política criminal que vienen llevando a cabo sucesivos gobiernos mexicanos que, al parecer, reprimen el tránsito migrantes en abierta connivencia con las autoridades migratorias norteamericanas. En efecto, aunque tales políticas se endurecieron como consecuencia del racismo xenofóbico de Trump, vienen siendo las mismas que se pusieron en marcha desde tiempos de Obama. De modo que la única explicación para el rechazo de trabajadores requeridos por la economía es el racismo. El mercado de trabajo que se ofrece a los extranjeros no es tal para los nativos porque ni los servicios domésticos, ni la construcción, ni el levantamiento de cosechas, ni la infinidad de trabajos que desempeñan los migrantes es alternativa alguna para los WASP (white anglosaxon and protestant). Los casos como el de Marcos Antil son extraordinarios y muy escasos. Ahora mismo el incendio de Ciudad Juárez se deriva del hecho que México es el “tercer país seguro” a donde los solicitantes de asilo o refugio deben esperar que se resuelvan sus peticiones de acuerdo con la política implementada por Trump.
Y esto demuestra la iniquidad de estas políticas, como denunció de manera enérgica y lapidaria el senador Emilio Álvarez Icaza en el propio Senado mexicano. Álvarez Icaza es un sociólogo y político independiente que ha sido, entre otros cargos destacados, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para Álvarez lo sucedido es consecuencia de políticas que sistemáticamente violan derechos humanos de los migrantes: “Pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos” les dijo a sus colegas senadores, agregando que lo que pasa es consecuencia de que el gobierno de AMLO se “arrodilla ante Estados Unidos”. México recibe 30,000 migrantes al mes, se les persigue, maltrata, criminaliza y “…ni siquiera hay dónde darles de comer ¿Qué tiene que pasar para que cambien esta política?” Se preguntó.
Lo dicho por Álvarez Icaza es confirmado por Prensa Libre del pasado lunes 10 de abril en una entrevista con la directora ejecutiva de Amnesty International en México, Edith Olivares Ferreto. Para ella la muerte de esos 40 migrantes en Ciudad Juárez es solo la “punta del iceberg” de la política migratoria mexicana agregando que Amnesty exige al gobierno mexicano que deje de estigmatizar a los migrantes ya que los videos transmitidos por las cadenas noticiosas no solo demuestran las violaciones que se cometen en tales centros de detención sino que tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados “…están entre las 10 instituciones en las cuales ocurren más violaciones a los derechos humanos”. Olivares Ferreto hace un llamado a México para asumir sus responsabilidades porque el proceso migratorio no se va a detener “ni en las Américas ni en ninguna parte del mundo” agregando que no se debe culpar a los traficantes de personas porque “la responsabilidad de la seguridad en cualquier parte del territorio es de los Estados… (nadie es ilegal)… por dicha razón es de suma importancia que las autoridades tengan mucho cuidado con sus declaraciones y que, a todos los niveles, desde el mandatario hasta los agentes estatales cuiden sus expresiones respecto a los migrantes” .
Esto último permite comprender algo fundamental. Si la movilidad humana no es ilegal, si los migrantes cometen una infracción administrativa al no portar documentos o visas, entonces no se les debe detener como si fueran criminales porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice con toda claridad que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado” (artículo noveno) y además en su artículo décimo tercero prescribe que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” añadiendo “.. que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” de modo que la movilidad es una de las libertades fundamentales. Si los migrantes deben esperar en ese país “inseguro” que es México que por lo menos lo hagan en libertad, no detenidos como si fueran criminales expuestos a morir quemados ante la mirada impávida de sus carceleros corruptos.
Y que esto es una práctica política constante lo demuestra la valiente denuncia hecha por Lucía Ixchiú “K’iche, guardiana del bosque, feminista comunitaria, gestora cultural, artista, arquitecta y periodista comunitaria, exilada guatemalteca en Europa” (como la describe Wikipedia) quien a su llegada proveniente de España fue detenida ilegalmente en el Aeropuerto de la Ciudad de México por su aspecto racial (como ella misma denuncia porque los otros 60 detenidos ninguno era blanco o con aspecto europeo). Posteriormente la liberaron con disculpas pero el mismo Carlos Figueroa, quien me hizo llegar la denuncia de la señora Ixchiú, dice en un tweet que esto es “..una nueva mancha para el Instituto Nacional de Migración. El INM debe desaparecer y la política migratoria de México debe ser revisada, es una incoherencia con el espíritu de las 4T. Mi solidaridad con lucia@ixchiugt”.
Y una última cosa, pero no la menos importante. Todo crimen de Estado implica una responsabilidad de Estado. No sabemos hasta qué punto lo que el presidente mexicano dijo (que se va a castigar a los responsables de estos hechos criminales) va a ser efectivamente llevado a cabo, tanto en el anterior caso de Tamaulipas como en el actual de Ciudad Juárez. Y además existe una responsabilidad civil del estado mexicano que debería traducirse en el pago de las reparaciones correspondientes a los familiares de las víctimas aquí en Guatemala. Como de seguro la Cancillería no hará nada (no hubo ninguna protesta, y el canciller ni siquiera sabía en donde habían ocurrido los hechos como puso en evidencia Fernando del Rincón en CNN) son los propios familiares de las víctimas quienes deberían estar preparando la presentación de sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente llevarlos ante la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Ojalá los abogados dignos y honestos de este país se preocupen por asesorarlos y prestarles asistencia.
