Por Luis Alberto Padilla
“Change of Regime” es el eufemismo que ha empleado Washington para referirse a sus intervenciones en todo el mundo cuando los regímenes políticos de algunos países se apartan u oponen a los intereses de esa gran potencia mundial. Desde las invasiones a Nicaragua a principios del siglo pasado (para instalar en el gobierno a Somoza) pasando por la intervención en Guatemala en 1954 para derrocar el gobierno democrático de Jacobo
Árbenz, hasta el golpe que terminó con el gobierno de Mossadegh en Irán y la llegada en su lugar del Sha en esa misma década, sin olvidar el golpe de Estado contra Allende en Chile en 1973 o la invasión de Panamá en 1989 que puso fin al gobierno del general Noriega o las más recientes intervenciones militares en Afganistán (2001), Irak (2003) y Ucrania (2014), no cabe duda que en múltiples ocasiones los cambios de régimen han sido parte importante de la política exterior de la potencia del norte. Aunque también es cierto que dichas políticas suelen ser practicadas mucho más por los gobiernos republicanos que por los demócratas a quienes no les gustan las intervenciones violentas: Kennedy se oponía a otra invasión en Cuba – como la fracasada intentona de Bahía de Cochinos en 1961 cuyos combatientes se entrenaron en Guatemala – y por ello no le fue difícil comprometerse con Nikita Kruschev a no derrocar a Fidel Castro, acuerdo que permitió la retirada de los cohetes rusos de suelo cubano, salvando al mundo de una conflagración nuclear en 1962. Ese buen presidente demócrata que fue JFK también se oponía a la guerra de Vietnam. Ambas cosas le costaron la vida, porque ni a la mafia neoyorquina de origen italiano le pareció justo no recuperar sus propiedades (expropiadas por el gobierno revolucionario) ni al complejo militar industrial le convenía abstenerse del gran negocio que iba a ser la guerra en ese país del sudeste asiático durante una década entera, aunque finalmente los norteamericanos fueran derrotados por los vietnamitas ( en 1975) quienes, al igual que los talibanes afganos (en el 2021), terminaron por imponerse al imperio poniendo fin a sus aventuras belicistas.
Pero estas reflexiones son a propósito de la crisis política desatada por la prolongación de las funciones de la señora Porras al frente del MP y por el intento de “nombramiento” del rector de la Usac (vía fraude para imponer al candidato del gobierno) que pudiese ser el preludio de un fraude electoral de gran envergadura en las elecciones del 2023, como se pregunta Edgar Gutiérrez, para quien “habiendo roto todos los códigos del orden político republicano al pacto de corruptos solo le queda destrozar las elecciones generales del próximo año” ya que su intervención en la Usac viene a ser una especie de “laboratorio” en el cual lo que realmente se está poniendo a prueba es la capacidad de respuesta de estudiantes, profesores y graduados para impedir que dicho atropello a la autonomía y a la democracia universitaria se consumen. Respuesta que a nivel nacional requiere de organización ciudadana y de la activa participación de las clases medias junto al movimiento social de los pueblos mayas y sus organizaciones.
Sin embargo, como también los factores internacionales jugarán un papel en impedir los planes de restauración del autoritarismo “pre-1985” , ahora bajo la conducción de esa “dictadura corporativa” (integrada por segmentos poderosos de las élites conservadoras en alianza con el crimen organizado transnacional) hay que tener presente que, aunque no juegue un rol decisivo, el papel de Washington y su contribución a un “cambio de régimen” es también de gran importancia ya que frente al desafío de “la lista del zopilote” el águila imperial puede ir más allá de los listados que ya todos conocemos y avanzar hacia sanciones – similares a las impuestas a Rusia – destinadas a que ese segmento de la élite que sigue pensando que la captura del sistema de justicia es un “campo de batalla”, en donde no hay “guerreros” que luchan por la justicia sino gente que busca “controlar esta poderosa arma para utilizarla en contra de sus enemigos políticos” (ver el artículo de Salvador Paiz en El Periódico de la semana pasada). Con semejante manera de pensar los 24 operadores de justicia exiliados en Estados Unidos (Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval entre ellos) son solo “guerreros” que perdieron la batalla contra el presidente y su adláter, la señora Porras, no luchadores por el estado de derecho y la justicia. Otro distinguido miembro de esa élite (Luis Fernando Cáceres) confunde a los lectores cuando dice, en otro artículo en el mismo órgano de prensa, que el estado de derecho puede ser autocrático y que debe diferenciarse del sistema democrático, cuando todos sabemos que no puede existir estado de derecho sin democracia. Con semejante criterio los corruptos podrían consolidar su dictadura el año entrante y alegar que Guatemala es un estado de derecho.
Ya en nuestro artículo anterior reiteramos la importancia de que un frente amplio de todas las personas honorables y decentes de este país impidan que los corruptos (la cleptocracia) consolide la restauración del autoritarismo pre-1985 en los comicios del año entrante. No se trata de ninguna batalla entre izquierda y derecha por controlar un “arma poderosa” – como dice Paiz refiriéndose al MP – sino que de la contienda entre la gente honrada contra los ladrones. Y si en esa lucha quiere ayudar la Administración Biden apoyando a la ciudadanía honorable bienvenido sea ese apoyo. Ya en Honduras supieron hacerlo cuando un enviado especial conversó con el alto mando del ejército de ese país para convencerlos que no les convenía apoyar el fraude que planeaba JOH y que era mejor respetar los resultados electorales garantizando así que Xiomara Castro asumiera la presidencia. Aquí podrían hacer lo mismo y también hacer saber al sector más recalcitrante de las élites del poder económico que o respetan las mínimas reglas de juego democrático electoral que van quedando o se exponen a sanciones económicas. Esto facilitaría el triunfo de candidatos honorables en los próximos comicios. Y de ese triunfo debe partir la convocatoria a una constituyente plurinacional que redefina las reglas del juego político democrático y facilite la puesta en marcha del cuarto intento por establecer una democracia y un estado de derecho dignos de ese nombre en nuestro país. Y, por supuesto, hacemos votos porque la comunidad internacional en su conjunto apoye esa profundización y radicalización de la democracia (ningún simple “cambio de régimen”) que será resultado del ejercicio de la verdadera soberanía y del derecho de libre determinación de los cuatro pueblos que integramos la nación guatemalteca.
