Afirmando que una resolución judicial en el extranjero no puede ser considerada como elemento para pronunciarse sobre la idoneidad de un precandidato y que la soberanía de un Estado se manifiesta, entre otras cosas, a través del ejercicio exclusivo del poder jurisdiccional, el TSE declaró idóneo a Manuel Baldizón y lo inscribió como candidato. En otras palabras, si alguien asesina a una persona en otro país y es condenado, en el colmo de la interpretación de la soberanía, en su país nunca será considerado como un asesino, porque una resolución judicial extranjera no es elemento a considerar, pues ello “va en contra de la soberanía nacional”.
Nos hemos acostumbrado al manoseo rampante de la ley y a los más tontos argumentos para justificar las burdas resoluciones de los órganos competentes del país, que han caído en las garras del poder de las mafias que se adueñaron de la institucionalidad, pero el fallo del Tribunal Supremo Electoral sobre Baldizón rebasa cualquier barrabasada previa. Con razón absoluta, los expertos sostienen que esta es la contienda más señalada de la era democrática y es que la misma autoridad electoral está confirmando que no aplica la ley sino sus variados raseros para incluir o expulsar a candidatos, dependiendo de si les convienen o no al sistema.
Un criminal lo es por haber cometido un crimen que ha sido debidamente probado judicialmente, no importa dónde haya sido juzgado y más si el delincuente confesó el hecho que le imputaban. Ignorar esos fallos firmes, que obligaron al cumplimiento de una condena de cárcel, es más que una tontería, un absoluto cinismo. Porque se trata nada más y nada menos que de dar luz verde a alguien que hasta tiene procesos pendientes en el país, mismos que tendrán que ser cerrados porque el individuo adquiere inmunidad desde el momento de su inscripción, aunque ésta sea atropellando la ley.
Si el Tribunal Supremo Electoral pretendía rescatar la confianza ciudadana, puesta en entredicho con tantas de sus actuaciones, la resolución en el caso Baldizón le pone la tapa al pomo y termina de sellar la sepultura en la que se ha colocado la credibilidad sobre la transparencia electoral. No hay forma de entender que un órgano independiente y apegado a derecho haga ese burdo manoseo de argumentos que van en contra de resoluciones que ellos mismos han tomado sobre otros candidatos.
La autoridad electoral de Guatemala se ha encargado, con mala fe y también torpeza evidente, de destruir todo atisbo de confianza y credibilidad en sus actuaciones de cara a las elecciones de este año.
